La eventual aprobación de esta ley corta confirma la política del Estado de Chile por adoptar soluciones alternativas hacia nuevas fuentes de agua para abordar la severa crisis hídrica. Este proyecto corre por un carril paralelo a otra iniciativa de ley que sentará las bases jurídicas para la desalación en Chile con foco en consumo humano y riego agrícola. Fuentes consultadas señalan que actualmente existe la tecnología de punta para que el proceso se realice bajo los más altos estándares ambientales, y que las condiciones del Océano Pacífico facilitan la dilución de la salmuera que se vierte al mar tras pasar por la osmosis inversa. Fuente: País Circular, 20 de noviembre de 2023.
El pasado 15 de noviembre, la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado aprobó en particular y despachó a Sala el proyecto de ley (boletín 16.364-09) que modifica normas para permitir el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalación, con el objetivo de destinar el agua procesada para el cumplimiento de la función de subsistencia y de riego.
En otras palabras, esta iniciativa de ley (que por su tramitación expedita se ha dado conocer como una “ley corta”) permite destrabar ciertas restricciones que recaían en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para diseñar este tipo de obras. De esta manera, se abre la puerta a la posibilidad de afrontar la crisis hídrica desde una política de Estado que promueve proyectos de desalación con prioridad hacia el consumo humano.
El problema se originó el 21 de septiembre de 2020, cuando la Dirección General de Concesiones (DGC) solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) un pronunciamiento sobre la factibilidad de ejecutar un proyecto de desalación multipropósito con foco en consumo humano en la Región de Coquimbo bajo el mecanismo de concesiones de obra pública. El dictamen E12.012/21 de Contraloría negó tal posibilidad, afirmando que esta planta sólo podía materializarse como parte de una obra de riego, mas no para consumo humano.
Por tal razón, el Ejecutivo elaboró un proyecto de ley en función de subsanar esta restricción normativa. En sí, la propuesta modifica dos artículos del decreto con fuerza de ley N° 850 del MOP: el artículo 1, agregando un inciso que faculta al referido ministerio a desarrollar infraestructura hídrica que incluya, entre otras, a las plantas desaladoras; y el artículo 19, al que se le agrega un nuevo literal en que la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP -nombre que sucede a la Dirección de Riego- cumplirá la función de estudiar, diseñar, construir, ejecutar, reparar, conservar y operar obras, instalaciones y plantas que tengan por finalidad la producción u obtención de recursos hídricos que sean destinados, de forma prioritaria, para el cumplimiento de la función de subsistencia y, de forma residual, para fines multipropósito.
“Este proyecto de ley viene a salvar una restricción regulatoria y, a partir de ahora, la Dirección de Obras Hidráulicas puede llevar adelante por sí misma y a través del sistema de concesiones proyectos que tengan como destino el consumo humano. Le entrega al Estado de Chile más herramientas para hacer frente a la crisis hídrica”, comenta a País Circular Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES).
Algo similar cree el director del Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y experto en desalación, Claudio Sáez, para quien la iniciativa en cuestión “soluciona un vacío administrativo a través del cual el MOP no podía llevar adelante la generación de proyectos para desalación a no ser de que fueran destinados a riego. Se amplían las facultades del MOP y esto es muy importante porque la industria desaladora se ha instalado en Chile hace más de tres décadas bajo el alero del desarrollo de la minería. Pero bajo las condiciones actuales de cambio climático y la proyección del desierto hacia el sur, la necesidad hídrica para el consumo humano y el riego no están siendo posibles de resolver por fuentes convencionales. De manera que esta ley corta ayuda a solventar esta brecha administrativa al permitir explorar otras fuentes de agua no convencionales”.
Según agrega Rafael Palacios, esta ley corta cuya discusión pasó a la Sala del Senado “es una señal política de que la desalación va a ser parte de la estrategia hídrica del Estado de Chile y va a quedar concentrada dentro del portafolio de soluciones para abordar la crisis hídrica”.
En tanto, la senadora Isabel Allende, ex presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y actual integrante de la misma instancia, cuenta a este medio que este proyecto “viene a solucionar un error en la norma y una interpretación que impedía que el MOP pueda impulsar obras de este tipo, que no tengan como fin abastecer el riego. Esta modificación a la ley orgánica permitirá, por lo tanto, desarrollar obras como embalses y plantas desaladoras para consumo humano por parte del Estado, desde la fase de diseño hasta su ejecución, replicando experiencias que han resultado exitosas como lo llevado adelante por Econssa en la Región de Antofagasta”.
“El proyecto es una señal política de que la desalación va a ser parte de la estrategia hídrica del Estado de Chile y va a quedar concentrada dentro del portafolio de soluciones para abordar la crisis hídrica”.Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalinización (ACADES).
El otro proyecto de desalación en trámite
Este proyecto inminentemente aprobado corre por un carril paralelo al de otra propuesta de ley que establece el marco jurídico sobre el uso del agua de mar para desalinización (boletín 11608-09). Ingresada en moción parlamentaria en 2018, la última actualización -según se indica en el sitio web del Senado- ocurrió en los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera al ingresar una indicación sustitutiva que, entre otros puntos, sienta las directrices para las concesiones de extracción de agua de mar para desalación, habilita la estrategia nacional de desalación, describe cómo será la naturaleza de esa concesión, etcétera.
“Lo importante es continuar lo más rápido posible la tramitación del proyecto de ley de concesiones de infraestructura de desalación, ya que es muy importante establecer un marco jurídico habilitante para el desarrollo de estos proyectos públicos o privados”, complementa Rafael Palacios, directivo de ACADES.
Para Claudio Sáez, director del Hub Ambiental de la UPLA, este segundo proyecto es muy importante porque fija algunos fundamentos básicos desde los cuales implementar la desalación. Para él es un tema muy sensible el que este segundo proyecto declare como bien nacional de uso público el agua desalada, pese a que ésta asoma como un producto de un proceso desalación. “Para integrar el agua desalada dentro de la matriz hídrica, y que esté al alcance del consumidor o del pequeño y mediano agricultor, se tiene que entender como un bien nacional de uso público. El agua desalada es agua: es remover el soluto en exceso que existe, pero el componente basal es el agua”, afirma el académico de la universidad porteña.
En tanto, para la senadora Allende la tramitación de estos dos proyectos en materia de desalación son claves para impulsar la industria. “Este tipo de obras deberá someterse a todas las exigencias administrativas y socio ambientales contempladas en la ley marco de desalinización que estamos tramitando, la cual viene a radicar las competencias en materia de concesiones para desalinización en la Dirección General de Aguas. En este sentido, las obras que impulse el Estado quedarán sujetas a las causales de evaluación ambiental que incorpora el proyecto, así como a la Estrategia de Desalinización y la fiscalización por los órganos competentes, entre otras atribuciones que estamos proponiendo”.
La mitigación de los impactos de la desalación
Ciertamente el proceso de desalación genera ciertas suspicacias en las comunidades y también en algunos académicos que advierten del impacto en los ecosistemas marinos que causaría la devolución de ingentes cantidades de salmuera (residuo que queda tras el proceso de osmosis inversa que rescata el agua desalada) al mar. Al respecto, existe literatura científica que sugiere que la salmuera puede provocar estrés osmótico a algunas especies marinas por exceso de salinidad en las aguas, entre otros perjuicios. Académicas como la doctora en Oceanografía de la Universidad de Concepción, Laura Farías, han precisado que la aplicación de una estrategia de desalación en Chile debe ser “pensada en la lógica de respeto a los servicios ecosistémicos y comunidades”, como señaló a País Circular en una nota publicada el 24 de octubre de 2022.
Sin embargo, tanto Rafael Palacios como el académico Claudio Sáez señalan, en primer término, que las condiciones geográficas del mar chileno favorecen la dilución rápida de la salmuera, gracias a la presencia de la corriente de Humboldt y otras características.
“Hay historia efectivamente en cómo la desalación en diferentes partes del mundo ha impactado a los ecosistemas marinos. Pero en Chile tenemos una condición geográfica privilegiada que permite que nuestras costas tengan gran capacidad de dilución, por lo que la afectación de los ecosistemas marinos es nula o muy pequeña”, indica Palacios, mientras que Sáez asegura que la desalación “no es una actividad ambientalmente comparable a una termoeléctrica o a una refinería de petróleo. Los efectos ambientales son mucho menores que en el Mediterráneo, donde el mar casi es una piscina y la gestión ambiental es muy desafiante”.
Por otro lado, agrega Rafael Palacios, “las plantas que hoy existen en Chile cumplen con los más altos estándares ambientales, basadas en las normas de referencia que son la española y la australiana, las de más alto estándar”. De manera que desmiente las críticas que subyacen sobre estas operaciones, que se presumen de mayor escala cuando su objeto es el riego agrícola. “La minería usa plantas a gran escala en Chile, a un volumen de 3.500 litros de agua por segundo. Si la adaptamos a consumo humano, la planta sería a menor escala que la minería. Cuando alcanza una dimensión importante es cuando su uso es para riego agrícola, porque el principal consumidor de agua es la agricultura y ahí se escapa a una escala distinta. Aun así, con plantas a gran escala, los impactos ambientales son manejables, monitoreables, en la medida en que se haga con tecnología de punta”, asegura el representante de ACADES.
Al respecto, la senadora Isabel Allende plantea que “aunque ambas normas en trámite sirven para combatir la extrema sequía y fijan un marco claro y ordenado para entregar mayor certeza jurídica al Estado, las empresas y la población en general”, también es cierto que estos proyectos se desarrollen bajo las máximas exigencias ambientales. Por eso, la parlamentaria ha defendido en la Comisión de Recursos Hídricos “que las plantas desaladoras deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tanto por la cantidad de agua extraída como por la magnitud de sus obras”.
Sin perjuicio de ello, la senadora Allende declara que la desalación no es la única alternativa en la búsqueda de nuevas fuentes para obtener el recurso hídrico. Cita el caso del proyecto de ley que habilita sistemas de tratamiento para aguas residuales que son arrojadas por emisarios submarinos, que se está tramitando en la Comisión. También dicha Comisión aprobó el año pasado el proyecto de ley de eficiencia hídrica, válida para todos los sectores productivos.
Para la senadora es relevante señalar, asimismo, que el proyecto de ley que habilita al MOP a construir infraestructura hídrica no solo abarca plantas desaladoras y embalses, sino el desarrollo de obras que contemplen soluciones basadas en la naturaleza que también aportarían a la eficiencia hídrica.
“En España y otros lados se ha empezado a industrializar la desalación de los acuíferos subterráneos. En Chile no tenemos desaladoras que funcionen sobre la base de acuíferos a escala industrial. Y tenemos en toda la costa central acuíferos en estas condiciones”.Claudio Sáez, director del Hub Ambiental UPLA.
“Este tipo de obras deberá someterse a todas las exigencias administrativas y socio ambientales contempladas en la ley marco de desalinización que estamos tramitando, la cual viene a radicar las competencias en materia de concesiones para desalinización en la Dirección General de Aguas”.Isabel Allende, senadora integrante de la Comisión de Recursos Hídricos.
Incorporar los acuíferos salobres a las alternativas
Paralelamente a la tramitación de ambos proyectos de ley, en el Hub Ambiental que dirige el profesor Claudio Sáez han conformado un grupo que comenzó a desarrollar proyectos de desalación a pequeña escala en la Región de Valparaíso. Tal como detalló en junio de 2022 a País Circular, este centro de investigación universitario lleva un año implementando un proyecto de desalación en Salinas de Pullally (cerca de Papudo) con apoyo de varias entidades públicas y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para probar distintos umbrales de calidad de agua para cultivos existentes y emergentes, en atención al más alto costo que representa desalar el agua, en comparación con las fuentes convencionales.
“Necesitamos que desalar el agua de mar sea usado de la manera más eficiente para producir los mayores umbrales de productividad. En el sector de Salinas de Pullally, gracias al agricultor Jesús Basáez, que nos proporcionó un terreno, estamos desalando acuíferos salobres. En ese sector la agricultura familiar campesina está muy deprimida y los acuíferos cerca de la costa tienen más intrusión marina que aporte de las aguas continentales, por lo que tienen mucha salinidad”, explica Claudio Sáez. El objetivo es que el proyecto sirva como insumo de base para ver si se puede impulsar el agua desalada desde acuíferos para distintos cultivos de la zona centro-norte de Chile.
“En España y otros lados se ha empezado a industrializar la desalación de los acuíferos subterráneos. En Chile no tenemos desaladoras que funcionen sobre la base de acuíferos a escala industrial. Y tenemos en toda la costa central acuíferos en estas condiciones. Este método podría abaratar los costos de producción y tener un menor efecto ambiental, ya que tienen menos salinidad y se requiere menos energía. Hay que ver si la desalación de acuíferos se puede incorporar a las políticas públicas”, analiza Sáez.
Una distinción a nivel mundial para Sáez
Pero el director de Hub Ambiental de la UPLA también está dedicado a desarrollar tecnologías para reducir aún más los impactos ambientales de la industria desaladora. De hecho, Sáez, doctor en ciencias e ingeniero ambiental, por el diseño de un proyecto de esta índole, fue uno de los 15 finalistas -el único latinoamericano- al Premio Mundial a la Innovación en la Desalinización del Agua. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, en el marco de la segunda edición de la conferencia Innovation Driven Desalination, organizada por la Saline Water Conversion Corporation (SWCC).
Pese a no quedar en el grupo de los seis premiados, Sáez estuvo en Arabia Saudita para recibir su distinción como finalista gracias al proyecto “Multicriterial technological application for a cost-effective and sustainable desalination industria” (Aplicación tecnológica multicriterio para una industria de desalación costo-efectiva y sostenible). Esta iniciativa científica busca el desarrollo de biomarcadores, a fin de utilizarlos como herramientas de biotecnología ambiental y alerta temprana, para evitar los impactos de la salmuera vertida al mar tras el proceso de la desalación.
“Esta es la segunda área donde nos hemos especializado como centro de investigación: reducir los impactos ambientales de la desalación. El método tradicional es verter al mar la salmuera mediante una tubería, con una red de difusores que funcionan como un aspersor de riego y eso facilita la dilución. En partes del Mediterráneo se hace una pre-dilución en tierra para descargar a una salinidad menos del doble que la salinidad normal del mar. Pero en este proyecto innovamos con herramientas de biotecnología ambiental, como biomarcadores a nivel químico molecular, que ha sido reconocido en diferentes revistas científicas y ahora con la nominación a este premio. El ser el único representante de América Latina fue un reconocimiento grande para nuestro grupo de investigación”, cierra el profesor Claudio Sáez.
