EL Melón es una zona semi-rural en la cordillera de la costa de la región de Valparaíso, ubicada en la zona central de Chile. Tiene una población de 12.000 personas aproximadamente. En este lugar, la empresa británica Anglo American controla desde 2002 la operación ‘El Soldado’, una mina de cobre a tajo abierto que produce más de 40.000 toneladas de cobre al año (link). Fuente: London Mining Network, 4 de enero de 2024.
Sustancias tóxicas, metales pesados y todo el material descartado durante el refinado del cobre es depositado en ‘El Torito’, uno de los tranques de relave más grandes de Chile. En sus inicios, ‘El Torito’ recibió aprobación para una capacidad máxima de 61.5 millones de toneladas. Sin embargo, en 2019 las autoridades aprobaron una ampliación equivalente a 235 millones de toneladas y un permiso para operar hasta 2027 (link).
Anglo American dice ser un ‘buen vecino’ para la comunidad de El Melón (link), pero la realidad no puede ser más diferente de sus dichos. ‘El Soldado’ y ‘El Torito’ han contaminado el aire, suelo, aguas superficiales y napas subterráneas a su alrededor, han degradado el medioambiente, causado enfermedades respiratorias (y probablemente han incidido en otras patologías como cáncer), y han transformado el tejido social existente (link). A cambio, la mina ha traído escaso desarrollo social y económico para El Melón, empleando sólo una fracción de la mano de obra local.
Además de todo este daño, la compañía ha intervenido las organizaciones locales, especialmente aquéllas dedicadas a la agricultura y ganadería. Durante la reforma agraria de 1970s y 1980s, un grupo de 230 comuneros recibieron sitios agrícolas individuales junto con derechos de uso de bienes comunes. Estos bienes incluían extensas áreas para pastoreo, ricas en flora y fauna endémica. A partir de 2011, y aprovechándose de la falta de conocimientos legales y necesidades económicas de algunos comuneros, la empresa Anglo American ha ido apropiándose de estos derechos de uso de bienes comunes, comprándolos a precios irrisorios. Actualmente la compañía posee más de 1.000 hectáreas, equivalentes a más del 20 por ciento de la tierra original.
La Asociacion gremial de agricultores y ganaderos, formada por los propietarios originales y sus herederos, ha sido demandada por Anglo American en tres oportunidades en los últimos meses. Con el apoyo de algunos miembros disidentes de la comunidad, la empresa está tratando de lograr que el tribunal correspondiente nombre un administrador ‘proindiviso’ (es decir, a cargo de las tierras comunes) para que asuma el control de dichos terrenos.
Es difícil imaginar una situación más injusta que esta, en donde una compañía minera internacional y multimillonaria está hostigando a una pequeña comunidad, cuyos miembros tienen todo el derecho de organizarse y tomas sus propias decisiones, libres de cualquier manipulación externa. Actualmente, la asociación de agricultores y ganaderos corre el riesgo de ser controlada por una empresa internacional que no tiene ningún interés en el desarrollo local o la promoción de la agricultura o la ganadería. Además, esta absurda batalla legal ha agotado los recursos financieros de los vecinos, ha incrementado el conflicto y las divisiones internas, y ha acelerado la ya avanzada desaparición de las formas de vida y actividades económicas tradicionales.
