Plan es el cuarto con mayor inversión en la historia de la Superintendencia y considera 65 medidas para subsanar 14 infracciones ambientales constatadas por la autoridad, principalmente relacionadas con el resguardo de las aguas. Fuente: Induambiente, 21 de octubre 2022.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, a raíz del proceso sancionatorio iniciado en diciembre del año 2017, luego que la autoridad fiscalizadora imputara 14 infracciones ambientales a la empresa que opera en la región de Tarapacá.
El costo del programa, orientado a subsanar las infracciones detectadas, es de más de $50.400 millones de pesos, lo que lo sitúa como el cuarto con mayor inversión en la historia de la SMA.
Los principales incumplimientos detectados corresponden a la falta de monitoreo de la avifauna en el área del Salar de Coposa; la implementación de un sistema de monitoreo puntual del caudal de la vertiente Jachucoposa en lugar del sistema de monitoreo continuo comprometido, que no permite responder al plan de mitigación permanente de dicha vertiente; y no haber modificado el régimen de explotación hídrica en Coposa norte, a pesar de que se verificó un descenso de los niveles freáticos mayor a lo previsto en la evaluación ambiental; ausencia de información en el seguimiento ambiental de informes de calidad de aguas y falta de reportes sobre compromiso de rehabilitación de bofedales de la Quebrada de Chiclla.
Al respecto, el Superintendente del Medio Ambiente (s), Emanuel Ibarra explica: «La SMA concluyó que esta nueva versión del programa de cumplimiento cumple los requisitos para ser aprobado. Se hizo un trabajo para incorporar todas las observaciones levantadas por el Primer Tribunal Ambiental, así como la visión de las comunidades. Con ello se logró a medidas relevantes, como la reducción del caudal de extracción de aguas subterráneas vinculadas a la operación, así como nuevos elementos de gobernanza y la implementación del plan de monitoreo ambiental participativo, acordado con la Asociación Indígena Aymara del Salar de Coposa. Asimismo, se compromete un plan de enriquecimiento en la zona, donde se contará con el trabajo y conocimiento de la misma comunidad. Para la SMA estos son hitos relevantes, porque son incentivos al cumplimiento ambiental que significan dinero invertido directamente en la zona afectada por las infracciones».
Por su parte, el Fiscal (s) de la Superintendencia del Medio Ambiente, Benjamín Muhr, señaló que «este programa de cumplimiento requirió un trabajo muy intenso de observaciones, en el cual se consideró la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, que anuló la primera aprobación de este PdC, así como todas las alegaciones de las comunidades interesadas. Estimamos que garantiza el regreso al cumplimiento normativo por parte de la empresa, haciéndose cargo de todos los efectos ambientales verificados. Ahora lo que corresponde es que la empresa ejecute las medidas –algunas ya se han realizado en estos años de discusión– y luego la SMA fiscalice acabadamente su cumplimiento. Cabe destacar que, si la empresa no cumple su plan, se reabre el sancionatorio, arriesgando hasta el doble de la multa original».
Principales acciones ambientales
Dentro de las principales acciones y medidas propuestas por Collahuasi para abordar los cargos imputados, así como sus efectos sobre el medio ambiente, están las vinculadas al monitoreo de avifauna. La empresa presentó ante la SMA los términos de referencia a implementar en el área de estudio de la RCA respectiva, y los monitoreos ya se están ejecutando de la forma comprometida.
Asimismo, cabe hacer presente que respecto de los cargos relativos a avifauna, al sistema de monitoreo de la vertiente Jachucoposa y a la falta de modificación del régimen de explotación hídrica a pesar del descenso de los niveles freáticos, se contempla la implementación de dos acciones transversales, con la participación y validación de la Asociación Indígena Aymara Salar de Coposa, consistentes en: (i) diseñar y ejecutar un plan de enriquecimiento y gestión de condiciones de hábitat en los sectores de Jachucoposa, Coposito, San Pablo y Tankatankani, orientado a contribuir a la funcionalidad ecosistémica del acuífero Salar de Coposa; y (ii) desarrollar, diseñar e implementar un plan de puesta en valor del patrimonio ambiental del Salar de Coposa.
En cuanto al sistema de monitoreo de caudal de la vertiente Jachucoposa, el PdC compromete a la minera a implementar un sistema de monitoreo continuo acoplado a las obras existentes, para cuyo diseño se considere la arquitectura tradicional Aymara, reduciendo el impacto visual de dichas obras. Asimismo, se considera implementar un nuevo sistema de restitución para mitigar dicho caudal, con el objetivo de asegurar el acceso al caudal natural de la vertiente por parte de la comunidad; e implementar el plan de monitoreo ambiental participativo acordado con la Asociación Indígena Aymara del Salar de Coposa. Esto incluye la participación de la comunidad en las actividades de muestreo o medición de los componentes ambientales incorporados en dicho plan, contando para ello con asesoría técnica especializada; así como la implementación de una plataforma web que permita el acceso a los resultados del monitoreo continuo de los parámetros caudal, pH, CE, y temperatura en la vertiente Jachucoposa, al cual podrán acceder la comunidad y la SMA, entre otros.
En cuanto a la modificación del régimen de explotación hídrica, Collahuasi presentó un Estudio de Impacto Ambiental, que fue calificado favorablemente con fecha 21 de diciembre de 2021, que contempla la actualización del modelo hidrogeológico de la cuenca Coposa, así como un nuevo plan de extracción hídrico en el Salar de Coposa y que incluye una reducción de extracción de agua continental en Coposa Norte; además de la incorporación de una planta desaladora como una fuente complementaria de aguas para el suministro de la faena.
En cuanto a medidas en ejecución, el PdC considera reducir progresivamente el caudal de extracción de aguas subterráneas autorizado por la RCA 144/2006 de 500 litros por segundo desde Coposa Norte hasta llegar a 210 litros por segundo, medida que se comenzó a implementar en enero de 2019. También, se considera aplicar un plan de alerta temprana para la extracción de aguas subterráneas en los sectores Coposa Norte, San Pablo y Tankatankani.
Por último, el PdC considera presentar a la Superintendencia un informe de seguimiento ambiental del compromiso de rehabilitación de bofedales en la Quebrada Chiclla, de acuerdo con los formatos exigidos por la SMA, acción que ya fue ejecutada. Además, la compañía comprometió elaborar e implementar la actualización del plan de rehabilitación del bofedal Chiclla, que incorpora el monitoreo de parámetros físicos, químicos y biológicos a fin de caracterizar la evolución de su recuperación.
El plazo fijado por la autoridad para implementar el PdC será de 17 meses, periodo tras el cual, Collahuasi deberá emitir un reporte final respecto de todas las medidas aplicadas.
