La 78ª Asamblea General de la ONU en Nueva York terminó esta semana de manera favorable para los océanos: más de 80 países firmaron el tratado de alta mar, un acuerdo considerado clave puesto que permite la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Este tratado obliga a los Estados que quieran desarrollar proyectos en alta mar a realizar un estudio de impacto ambiental. Además, asegura que nadie pueda apropiarse de los recursos genéticos marinos. Aunque aún es necesario que, al menos, 60 países ratifiquen el acuerdo para que entre en vigor, con la firma los Estados estamparon su compromiso con el acuerdo, lo que no solamente es un gesto político, sino que también “tiene consecuencias jurídicas”, explica en esta entrevista el abogado Cristian Laborda, experto en derecho del mar y quien ha participado del proceso. Fuente: Mongabay Latam, 1 de octubre de 2023.
Más de 80 países firmaron esta semana el acuerdo de Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). El acuerdo, también conocido como Tratado de Alta Mar, busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas internacionales, es decir, en todas las porciones de los océanos que no están dentro de las jurisdicciones nacionales de los países. Se trata de un paso clave para lograr la meta de proteger el 30 % de los océanos para el año 2030.
Luego de 20 años de negociaciones, en marzo de este año los países miembros de las Naciones Unidas terminaron el texto del tratado y esta semana, durante durante la 78ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, un número sorpresivo de naciones lo firmaron.
Cristian Laborda, experto en derecho del mar y que ha participado del proceso de creación del Tratado de Alta Mar, cuenta en esta entrevista con Mongabay Latam que “se sentía en el ambiente el optimismo”, cosa que, según el experto, “es bastante difícil de poder sentir en estas negociaciones internacionales” donde generalmente se está acostumbrado a la “frustración”.
El abogado asegura que “las señales políticas son auspiciosas”. Ahora, dice, se espera que esto sea un aliciente para que pronto pueda entrar en vigencia este acuerdo que permite la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales; obliga a los países que quieran desarrollar proyectos en alta mar a ejecutar estudios de impacto ambiental; y reconoce que los recursos genéticos marinos son patrimonio de la humanidad y que, por lo tanto, son inapropiables.
¿Qué implica la firma de estos países? y ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?
—¿Cuál es su evaluación de lo que ocurrió en torno al acuerdo de BBNJ durante la Asamblea General de la ONU?
—Es muy interesante lo que ha ocurrido. Normalmente estamos acostumbrados a mucha frustración en estos temas multilaterales, particularmente en los del océano, porque siempre estamos esperando, a la defensiva, poder avanzar. Por lo tanto fue una semana bastante poco usual. Se sentía en el ambiente ese optimismo, lo cual siempre es bastante difícil de poder sentir en estas negociaciones internacionales.
El acuerdo de BBNJ se abrió para la firma. Es decir, para que los Estados estampen su compromiso, su obligación con el acuerdo como una etapa previa a la ratificación. Pero es muy importante indicar que no es solamente un gesto político, también tiene consecuencias jurídicas porque, de acuerdo al derecho internacional de los tratados de la Convención de Viena, cuando un tratado se firma el país se compromete a no ejercer acciones que puedan vulnerar el tratado.
—¿Cuántos países han firmado?
—Cuando se abre el tratado a la firma el día 20, a eso de las 10 de la mañana, el primer país que firma, y que va a ser histórico, es Micronesia, una pequeña isla en el Pacífico. Es muy simbólico porque las islas del Pacífico tuvieron un rol bastante importante en la negociación. Pero ese día firmaron alrededor de 65 países.
En Latinoamérica, en total, han firmado 10 países. Recordemos que Latinoamérica principalmente participó en la negociación a través del grupo CLAN (Comunidad Latinoamericana de Naciones), pero en ese grupo no estaba ni Venezuela, ni Cuba, ni Bolivia. Aun así Bolivia y Cuba ya firmaron el acuerdo. Los otros países que también lo hicieron son Chile, Costa Rica, Ecuador, Colombia.
También firmó Brasil, lo que fue una sorpresa positiva porque fue un país bastante complejo durante la negociación, al igual que México que también firmó. Mi lectura política en el caso de México es el sello de la canciller Alicia Bárcena, nueva en el cargo pero con larga tradición multilateralista. Ahí te das cuenta cómo estas diferentes visiones le dan una esperanza al multilateralismo.
En los países fuera de la región, la sorpresa positiva fue la firma de Estados Unidos y de China. Esto sin lugar a dudas es muy potente.
En total han firmado hasta ahora 82 países y es probable que, a este ritmo, se pueda llegar a los 100 países para fin de año, porque las señales políticas son bastante importantes y son auspiciosas.
—¿Qué viene ahora?
—Se requieren 60 países que los ratifiquen para que el acuerdo se torne vinculante y comience a funcionar.
La mayoría de los países tienen que llevar el acuerdo al parlamento, al congreso, a las asambleas y ese es un proceso interno que toma su tiempo, pero esperamos que estas ratificaciones se comiencen a dar de aquí al final de año. Se espera, por cierto, que esos 82 países lo ratifiquen en el corto plazo y hay una meta: muchos países lo han planteado y la sociedad civil también se ha sumado a eso, que es que el acuerdo tenga las 60 ratificaciones de aquí a la conferencia de el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que es de vida submarina de Naciones Unidas y que va a ser organizada por Francia y por Costa Rica en junio 2025.
Hay un año y medio para poder llegar a estas 60 ratificaciones y esperamos que la firma de estos 82 países signifique un aliciente importante para que los países comiencen rápidamente con los procesos de ratificación, porque el acuerdo establece obligaciones, pero también tiene beneficios para los estados, particularmente para los estados en desarrollo.
—¿Cómo cuáles?
—Por ejemplo en el tema de recursos genéticos marinos, se establece toda una regulación para acceder a los recursos genéticos y un mecanismo de compensación, una fórmula que tiene que implementarse donde los beneficios monetarios y no monetarios tienen que llegar a los países en vías de desarrollo.
—¿Hay que esperar a que se ratifique el acuerdo para empezar a crear la institucionalidad o se puede hacer de manera paralela?
—Debiera haber una conferencia preparatoria para poder ir delineando toda la implementación del acuerdo porque se tienen que crear los órganos subsidiarios, los comités científicos, comités técnicos, comité de cumplimiento. Puede haber un avance durante esa conferencia, pero creo que se necesita que estos países ratifiquen para ponerlo plenamente en marcha.
Pero sí estamos claros que nos estamos moviendo en un contexto de urgencia climática, donde el acuerdo tiene que cumplir con su rol y por lo tanto responder también desde la perspectiva de la protección del océano a esa urgencia climática.
—¿El financiamiento para crear toda esa institucionalidad de dónde saldrá?
—Este es un acuerdo muy complejo. Por un lado están los recursos genéticos marinos y su régimen de acceso, exploración, reparto de beneficios. Luego tienes las áreas marinas y las herramientas para ver cómo se van a hacer las propuestas, la parte científica, la implementación, el seguimiento, la evaluación. Todo esto requiere financiamiento y se estableció un fondo pero aparte de eso hay compromisos políticos que han sido refrendados. Incluso algunos de ellos se han vuelto a escuchar esta semana. La Unión Europea ha destinado un monto importante de millones de euros para que el acuerdo entre en vigencia y también para proyectar su implementación.
Por otro lado, GEF, que es un facility muy importante para temas de naturaleza en general, ha destinado importantes recursos para poner en marcha el acuerdo y para su implementación y, por lo tanto, no se descarta también que existan otros donantes institucionales o que otros mecanismos incluyan también el acuerdo en las ventanas de financiamiento que tienen.
Obviamente siempre el financiamiento es menos que las necesidades que hay que cubrir, pero este acuerdo también está marcando la diferencia en compromisos políticos de financiamiento y yo creo que van a haber otros.
—¿Hay algunos espacios de alta mar en América Latina que se proyecten como candidatos a ser protegidos?
—Hay una iniciativa de Chile que fue anunciada el año 2021 durante la anterior administración, pero que este gobierno ha continuado trabajando para proteger la parte de alta mar de la cordillera submarina de Nazca. Es un espacio que ha sido reconocido como de importancia ecológica por la Convención de Biodiversidad y en varios papers científicos de diferentes autores.
