Para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, Chile se dio una ley marco y ha apostado por la descarbonización de su matriz energética. Acá las principales iniciativas y desafíos para lograrlo. Fuente: Revista Induambiente, 7 de septiembre de 2023.
Aportamos mínimamente al problema, problema, sin embargo, sufrimos y estamos muy expuestos a sus consecuencias. Parece un contrasentido, pero es muy real: Chile es responsable del 0,25% de las emisiones emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEl) y, al mismo tiempo, cumple con 7 de los 9 requisitos de vulnerabilidad a este flagelo definidos por Naciones Unidas.
Según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en el 2020 el balance entre entre emisiones y absorciones de GEl de Chile alcanzó las 55.825 kt de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq), incrementándose en un 429% desde 1990 y disminuyendo en un 4% desde 2018.
Como es de suponer, el sector energía es el principal emisor de GEl representando el 76% de las emisiones totales en 2020, “que provienen mayoritariamente de la quema de carbón minera! y gas natural para la generación eléctrica, y de diésel y gasolina para el transporte terrestre”, reporta el MMA.
El sector UTCUTS es el único que absorbe GEl en el país. En 2020, el balance de GEl de este segmento contabilizó -49.727 kt CO2 eq debido, fundamentalmente, al aporte de las tierras forestales y de los productos de madera madera recolectada.
DESDE 2015
Para ayudar a limitar el aumento de la temperatura del planeta a través de la reducción reducción de las emisiones de GEl, Chile presentó su primera Contribución Nacional Determinada Determinada (NDC) tentativa para el Acuerdo de París en 2015, la que luego de su ratificación se transformó en el compromiso oficial del país.
Chile dio a conocer la actualización de su NDC en abril de 2020 y en noviembre del 2022 anunció un fortalecimiento de sus compromisos compromisos a través de un anexo que incorpora un aporte en materia de emisiones de metano.
Jenny Mager, jefa de la División Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, destaca que desde la firma del Acuerdo de Paris, Paris, en 2015, “Chile ha avanzado decididamente en comprometer metas ambiciosas en materia de reducción de gases de efecto invernadero, mejorar mejorar la resiliencia del país y crear condiciones desde desde el punto de vista de la política pública para la acción climática”.
En este contexto, recuerda que en 2021 se elaboró la Estrategia Climática de Largo Plazo (ver recuadro), que no sólo da la visión de un Chile carbono neutral y resiliente al 2050, “sino que elabora un análisis de acciones sectoriales que se desarrollarán a mediano y largo plazo”, afirma.
El mayor hito en la materia, sin embargo, data de junio de 2022, cuando se hizo oficial oficial la Ley Marco de Cambio Climático, “que no sólo formaliza la gobernanza para la coordinación de la política climática, sino que también crea instrumentos para su gestión permanente. Es así como desde 2024 tendremos 7 planes sectoriales sectoriales de mitigación y 12 planes de adaptación. Además, y relevando la importancia de la acción local, la Ley establece que desde 2025 cada región región y comuna de Chile debe contar con un plan de acción climática cuyo diseño debe tener coherencia coherencia con los instrumentos nacionales”, detalla la especialista.
En relación a la vulnerabilidad del país frente a los impactos del cambio climático, Mager resalta que Chile cuenta con una herramienta herramienta llamada ARCLIM (Atlas de Riesgo Climático), que es pública y gratuita, y permite permite visualizar mapas de riesgo climático y cadenas de impacto para su uso en el diseño de políticas y toma de decisiones.
Estrategia Climática de largo Plazo
Se trata del instrumento u hoja de ruta que define los lineamientos generales que seguirá Chile de manera transversal e integrada, al año 2050, para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático; transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de GEl, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático.
En lo más inmediato, a 2025, contempla: el retiro del 65% de la generación a carbón de la matriz nacional; sumar 10 mil a 15 mil hectáreas de humedales urbanos protegidos; establecer establecer un ecoetiquetado de reciclabilidad obligatorio; que el 100% de las áreas marinas protegidas declaradas antes del año 2020 cuenten con planes de manejo; y contar con un programa de sensibilización respecto de la vinculación de la reducción de riesgo de desastre y el cambio climático en temáticas afines (como movilidad humana).
Mientras que al 2030 se ha propuesto: que el 80% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables; aumentar en un 50% la red de estaciones de glaciares (cruciales para su monitoreo y estudio); la implementación de flotas cero emisiones en el sector minero; minero; que el 100% de la población urbana tenga acceso a servicios sanitarios; y contar con una metodología consensuada para incorporar las pérdidas y daños del país en la evaluación evaluación de los costos de la inacción. Esto, en todos los planes sectoriales de adaptación y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
POSTURAS SIMILARES
Coincidiendo con los puntos ya mencionados, mencionados, Anahí Urquiza, investigadora del Centro Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, postula que “la Ley de Cambio Climático es el avance más significativo, tanto por el compromiso compromiso de carbono neutralidad al 2050 como por la obligación de desarrollar planes de adaptación en diferentes escalas. Ahora, sin embargo, el mayor desafio es implementar adecuadamente esta regulación, para lo que necesitamos importantes importantes esfuerzos institucionales y económicos. Otro avance importante ha sido el desarrollo de ARCLIM, la plataforma de conocimiento de riesgo riesgo climático. Para poder adaptarnos es necesario conocer nuestras amenazas y vulnerabilidades. Y en mitigación también tenemos importantes progresos por el rápido desarrollo de las energías renovables”.
Para Rodrigo Herrera, ingeniero forestal de Fundación Terram, la Ley Marco de Cambio Climático y el desarrollo del Atlas de Riesgo Climático son también los mayores logros que exhibe Chile en este campo. No obstante, precisa precisa que “todos estos esfuerzos son insuficientes frente a la agresividad del cambio climático, por lo cual el trabajo debiese orientarse hacia la adaptación adaptación más que a la mitigación. La vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales está siendo mucho más evidente, y se requieren medidas urgentes urgentes para reducir esa condición”.
ROL DE LOS PRIVADOS
Con la mirada puesta en el presente y futuro, Jenny Mager manifiesta que el primer desafío en el área de la acción climática es “entender la nueva forma de hacer política pública pública que plantea la Ley Marco, dado que los instrumentos instrumentos de gestión deben ser co-construidos entre distintos actores y responsables, alejándonos de la lógica sectorialista y tratando el problema problema como un tema transversal.
Si bien desde antes de la Ley se ha trabajado con una lógica de coordinación intersectorial, este proceso se debe reforzar y avanzar en conjunto por los objetivos climáticos de Chile”.
Luego expone la necesidad de que el sector privado se sume decididamente a esta ardua labor. “Si bien muchas empresas han asumido asumido compromisos de sostenibilidad y carbono neutralidad, es importante que sus acciones estén en coherencia con la política nacional. Además, hay que considerar el involucramiento temprano de los privados en los diseños de los instrumentos de gestión climática. Esto, junto con bajar las acciones acciones hacia proveedores y medianas y pequeñas empresas, presenta una complejidad adicional que deberá ser abordada. Solo con la participación de todos será posible enfrentar los desafíos futuros que el cambio climático está instalando”, asevera.
Rodrigo Herrera, por su parte, hace un llamado a los privados a acelerar con mayor compromiso la descarbonización de la matriz energética y eléctrica, “lo cual también se relaciona relaciona con un cambio del modelo de desarrollo que en Chile no se está discutiendo. Queremos disminuir los gases de efecto invernadero pero haciendo lo mismo, y eso solo se traduce en patear la crisis hacia hacia adelante. Se cerró la Fundición Ventanas este año y existe un plan para eliminar plantas termoeléctricas termoeléctricas al 2025, sin embargo, la emergencia o crisis climática requiere mucho más que eso, y la transición energética de la cual todos hoy hablan parece limitarse a reemplazar materias primas por otras sin que, en nuestro país, exista una visión estratégica de largo plazo al respecto”, advierte.
En la misma línea, Anahí Urquiza comenta que “la industria debe avanzar en varios frentes: enmarcarse en una economía circular; lograr la carbono neutralidad en sus procesos y aportar Chile se fijó metas para reducir las emisiones de metano, que son aportadas mayoritariamente por vertederos y rellenos sanitarios. a la generación de resiliencia de los territorios donde está emplazada”.
TRANSFORMA Y HUELLACHILE
Para movilizar justamente a la industria hacia la acción climática, en junio pasado se lanzó el Programa Transforma Cambio Climático. Climático. La iniciativa público-privada busca fomentar y acelerar la adopción, por parte de empresas y organizaciones, de actividades y prácticas que contribuyan a la mitigación y adaptación del cambio climático en sus procesos productivos.
“El objetivo de la herramienta es promover la creación de soluciones tecnológicas que permitan que empresas y organizaciones chilenas respondan a los desafíos que impone el cambio climático y así contribuiral cumplimiento de la Estrategia Climática de Largo Plazo al 2050. En su primera etapa se elaborará elaborará una hoja de ruta con la participación de empresas, empresas, ONGs y sector público, para definir cursos de acción en materias como reducción de emisiones de GEI, así como de resiliencia ante los efectos del cambio climático”, explica el Vicepresidente Ejecutivo Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.
Tal esfuerzo se almea con el trabajo realizado realizado por el Programa HuellaChile para difundir y crear capacidades, herramientas y alianzas que motiven a las organizaciones a gestionar y reducir sus emisiones de GEl. Desde su creación, creación, el año 2013, ha logrado registrar a más de 2.050 empresas e instituciones de diversos rubros rubros de los sectores público y privado.
Además, ha otorgado más de 1.250 sellos de reconocimiento reconocimiento como parte de sus logros, de los cuales un 90% corresponde a cuantificación, 7% a reducción, reducción, 1% a neutralización de las emisiones de GEl y 2% a excelencia en este ámbito.
CUMPLIR COMPROMISOS
Aunque espera que Chile cumpla sus compromisos climáticos, Rodrigo Herrera es escéptico al respecto. Al respecto, señala: “En abril de 2020, nuestro país presentó ante Naciones Naciones Unidas la actualización de su NDC, fijándose fijándose como meta ser carbono-neutral al 2050. Y la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada el 2022, lo asume como objetivo. No obstante, al revisar esos compromisos, es difícil creer que efectivamente se cumplirán al 2030 o al 2050. Por dar sólo un ejemplo, Chile se comprometió con el manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos, pero resulta que el promedio de la superficie manejada desde que se implementó la Ley de Bosque Nativo, Nativo, el 2008, es de 4.000 hectáreas anuales. Con esta tasa es imposible lograr lo pactado, siendo que el manejo forestal sustentable y la recuperación recuperación de los bosques nativos son indispensables para enfrentar la crisis que atravesamos”.
A su vez, Anahí Urquiza agrega que también también es fundamental avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y en la capacidad de tomar decisiones sobre los territorios considerando una perspectiva de largo plazo, sobre todo “en gestión integrada de cuencas y ordenamiento territorial”.
