Por intentar ocultar información sobre la presencia de jilgueros en la zona de influencia de un proyecto minero en Atacama, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella bajo la ley de delitos económicos y ambientales. La minera apunta a la consultora ambiental que hizo el informe. Fuente: El Desconcierto, 9 de octubre de 2024.
En febrero de 2024, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) terminó de forma anticipada la evaluación de un proyecto minero de Antofagasta Minerals y Barrick Gold, que buscaba instalarse en Atacama. Además de la información insuficiente presentada por la empresa, a los evaluadores les llamó la atención un comentario al lado de la foto de un jilguero, que podría configurar un delito ambiental.
Ahora, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querello legalmente por el delito de ocultamiento de información ambiental, previsto en la nueva ley de delitos económicos. Esto porque al lado de la foto de un jilguero juvenil, que había sido detectado en el área de instalación del proyecto, se agregaba un comentario que recomendaba quitar la foto para no develar la presencia de la especie en el lugar.
“Se recomienda sacar del apéndice la foto de este volantón (individuo juvenil), puesto que implica que correspondería a un sitio de nidificación, y pasa a ser un hábitat de relevancia”; dice el comentario adjunto a la foto.
Según la querella, el comentario vendría de una profesional de la consultora ambiental Gestiona, encargada de realizar la Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto de la minera titular. Se acusa a los responsables del informe de “haber intentado engañar a la autoridad ambiental ocultando información esencial de forma maliciosa”.
Las penas previstas por esta ley serían de presidio menor (de 51 a 100 días) y una multa de entre 100 y 1000 UTM (entre $6 millones y $66 millones), a quienes presenten maliciosamente información que oculte el impacto del proyecto en la evaluación ambiental, de forma que pueda conducir a una incorrecta aprobación del permiso ambiental.
Caso anterior
El hecho se conoció en febrero de 2024, cuando el SEA retiró el proyecto de evaluación y denunció a la empresa del grupo Luksic por intento de ocultar información. En agosto, el fiscal a cargo del caso sobreseyó a la minera por no encontrar acciones constitutivas de delito.
Sin embargo, en agosto el Consejo de Defensa del Estado se acercó al caso para señalar que entregaría nuevos antecedentes a la investigación, y así a fines de septiembre presentó la querella, no contra la minera directamente sino contra “quienes resulten responsables”.
Desde Antofagasta Minerals han declarado que el comentario realizado por la profesional de la consultora no fue acogido por la compañía, y que se incluyeron todos los antecedentes sobre esta especie de forma completa en la declaración. El CDE pidió que se llame a declarar tanto a representantes de la minera como de la consultora.
