Se eliminaría el límite de 200.000 toneladas de producción y se optaría por un tributo Ad Valorem plano. Tamién se consideraría el margen operacional minero normal a la hora de imponer el impuesto, lo que incluiría la depreciación. Fuente: Diario Financiero, 13 de octubre de 2022.
Tras escuchar a gremios, empresas y expertos, el Ministerio de Hacienda está incorporando algunos elementos planteados durante las audiencias en lo relativo al proyecto que eleva el impuesto específico a la minería o royalty. Según conocedores del proceso, el Ejecutivo tomó nota de algunos aspectos que pueden afectar las inversiones y la producción de la industria y que en el mediano plazo también tienen efecto sobre la recaudación. Uno de los puntos es que se eliminaría el límite de 200.000 toneladas de producción, sobre el cual se considera una compañía de la Gran Minería y se le aplica un impuesto Ad Valorem de más de 1% y hasta 7%.
El cambio también implicaría, dicen fuentes cercanas a las autoridades, dejar un tributo Ad Valorem plano de 1%.
Otra reforma al proyecto original es que estarían volviendo a considerar el margen operacional minero normal a la hora de imponer el impuesto, lo que incluiría la depreciación. Sin embargo, otros expertos ligados a Hacienda insisten que aún no está cerrado este último punto.
Junto a esto, se ajustará la estructura del gravamen para ampliar los incentivos a nuevos proyectos o proyectos de expansión, algo que el titular de Hacienda, Mario Marcel, había adelantado semanas atrás. la semana pasada, en la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, el asesor de Hacienda, Sebastián Frees, adelantó que harían cambios en el límite de las 200.000 toneladas y también en lo relativo al margen operacional.
Empresas mineras
En la Comisión de Minería del Senado, los distintos gremios y empresas mineras plantearon sus críticas al proyecto y muchas de ellas, como la Sonami, admitieron que hay espacio para elevar la tributación de la industria sin necesariamente afectar las inversiones.
En específico, Sonami sostuvo que el proyecto del ejecutivo conlleva, “en cuantía y diseño, una serie de factores que afectarán la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras”, señaló Cristián Argandoña, vicepresidente del gremio.
Entre los temas que instó revisar está la carga tributaria total, así como el componente Ad Valorem, entre otros.
En este sentido, el director ejecutivo del gremio Aprimin, Sergio Hernández, sostuvo que el nuevo royalty subiría la carga tributaria para las mineras a 60% desde un nivel actual de 38% a 42%. “Nuestra competencia directa, como Perú o Canadá, ronda el 44% al 46%. Considero que podríamos elevar la carga tributaria global, pero solo en unos 2 o 3 puntos porcentuales”, señaló a DF.
Otro punto de concordancia es respecto al componente Ad Valorem, que en la práctica se vincula al precio, un factor que no es controlable por la industria y que muchas veces implica alzas de costos en los insumos mineros, precisó Cristián Argandoña.
Los expertos consultados coinciden en que el límite de 200.000 toneladas de cobre fino que marca la tasa de tributación -sobre ese nivel se considera Gran Minería y sube la carga impositiva- es aleatorio y puede generar distorsiones operacionales. Un ejemplo es Centinela y Antucoya, del grupo Luksic, que se unificaron para ganar escala y bajar costos. Con faenas así, puede haber un incentivo a separarlas nuevamente, perdiendo en eficiencia.
Baja meta de recaudación por impuesto
Los ajustes que podría hacer el gobierno también llevarían a una revisión de lo que se pretende recaudar con el impuesto. Y es que si originalmente Hacienda quería recolectar 0,6% del PIB con el royalty en pleno régimen, es decir, equivalente a unos US$ 1.700 millones, ahora la previsión es que corresponda al 0,5% del PIB.
El esquema original de recaudación era que el año 2024, el Fisco percibirá por este gravamen unos US$ 215 millones al tipo de cambio actual, cerca del 0,08% del PIB. Representará un 0,5% del PIB en 2026, con alrededor de US$ 1.470 millones. En pleno régimen, aportaría el 0,&% del PIB, es decir, cerca de US$ 1.700 millones o más.
