Cumpliendo una promesa de campaña, la debutante administración confirmó que el país adherirá a este pacto, que el anterior gobierno no quiso firmar. El pacto aspira a proteger tres derechos básicos: acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano). Fuente: La Tercera, 18 de marzo de 2022.
Escazú es una pequeña localidad de Costa Rica. Enclavada en el centro geográfico del país, su nombre dio origen a un tratado medioambiental, que como suele usarse en este tipo de documentos, tomó el nombre de la ciudad. El Acuerdo de Escazú, promovido en su génesis por Costa Rica y Chile, busca mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe. Chile fue un entusiasta promotor del Catado, que incluso el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, confidenció que estuvo a punto de llamarse el «Acuerdo de Santiago».
El pacto aspira a proteger tres derechos básicos: acceso a la información ambiental (cualquier persona puede requerirla), participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales (para vigilar posibles proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el ambiente), y acceso a justicia ambiental (que puede ser impulsada por cualquier ciudadano). Pero la redacción del documento fue incomodando al gobierno de Sebastián Piñera. En septiembre de 2018, la entonces ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que Chile postergaba la firma del tratado, una dilatación que finalmente dio paso a la decisión final de no adherir al pacto, la que fue ratificada el 22 de septiembre de 2020 por el Ejecutivo. El argumento de fondo del gobierno es que su firma crearía incertidumbre, porque contiene fundamentos legales que condicionarían la legislación chilena y que exponen al país a ser llevado a tribunales internacionales.
Un tema delicado, confidenció en su oportunidad La Moneda, por los altercados limítrofes con Perú y Bolivia. Además, el gobierno argumentó que nuestra legislación es muy completa en materia ambiental y los principios del acuerdo están contenidos en leyes muy específicas. Incluso, Carolina Schmidt apeló a un tema más semántico. La decisión de no firmar el pacto, dijo se debe a «la forma en que quedó redactado» y por «contener ambigüedades». Pero estas argumentaciones, como era esperable, desataron la ira política de algunos, y también el desencanto medioambiental. Por eso, una de las promesas de la campaña del presidente Gabriel Boric fue adherir al tratado, lo que fue confirmado ayer por el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien en una entrevista en radio Futuro, anunció la firma del tratado medioambiental. «El primer proyecto de ley: se ha anunciado que el viernes se firma el proyecto de ratificación de Escazú, es una señal importante. Es generar condiciones para que problemas ambientales se puedan resolver con la comunidad. Es una señal potente para las nuevas generaciones», señaló en la entrevista.
Países firmantes
La firma de este acuerdo se realizó en septiembre de 2018 y se dio un plazo de dos años para que los países de la región lo suscribieran y ratificaran. Esa fecha se cumplió el 26 de septiembre de 2020, cuatro días después del anunció del gobierno del exPresidente Piñera de no timbrar el acuerdo. Poco antes de confirmarse la negativa del anterior gobierno, el entonces canciller Andrés Allamand, advirtió que no firmar el documento, no era perentorio. «Es muy importante dejar constancia que este no es un plazo fatal desde el punto de vista de las consecuencias ni cosas que se le parezcan. Los países pueden adherir posteriormente», dijo el 8 de septiembre de 2020.
En la ocasión aclaró que el pacto necesita la ratificación de once países de la región para que entre en vigencia, pero que de todas formas, los Estados podrán suscribirlo de manera posterior, que es precisamente lo que el actual gobierno hará. El acuerdo había sido adoptado por 21 países en la localidad de Escazú. Luego se unieron tres países más, pero solo 12 de ellos lo ratificaron, permitiendo su puesta en vigor. Los Estados miembros son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
Qué regula el pacto
Uno de los aspectos que refuerza Escazú es la protección de las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. El Acuerdo tiene como pilares principales: Garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental. Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones. Favorecer el acceso ala justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.
«El Acuerdo de Escazú nos conmina a reflexionar sobre el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusivo e integrador», dice el texto de la Cepal. Según consigna la página web de la Unicef, el acuerdo busca que las personas puedan tener acceso a la información ambiental. Las personas pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales. Porque pueden acudir a la justicia para casos por afectaciones al ambiente. Porque promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
