¿Puede América Latina responder a la demanda mundial de litio y proteger al mismo tiempo los ecosistemas donde se encuentra el mineral? Para lograrlo es necesario que haya fortalecido los marcos institucionales, ambientales y sociales, “pero eso no es lo que ha ocurrido en los últimos años en la región”, dice el director de NRGI para América Latina, Juan Luis Dammert. Fuente: Mongabay Latam, 5 de junio de 2023.
En América Latina están las mayores reservas de litio del mundo. Se trata de un mineral estratégico para que los países puedan realizar la transición energética a la que se comprometieron e intentar mitigar el calentamiento global.
La explotación del litio, sin embargo, ha desatado una carrera global por asegurar su abastecimiento y los países que tienen reservas intentan responder a esta demanda sacando el mejor provecho posible. “Es una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuando a fines de abril dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio que busca convertir al país en el principal productor de litio del mundo.
Bolivia, por su parte, que hasta ahora se ha mantenido con una participación marginal en el mercado, firmó a inicios de año un convenio con el consorcio chino Catl Brunp and Cmoc (CBC). “Consolidar el proyecto industrial de litio es uno de los principales objetivos”, dijo el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Carlos Ramos Mamani. Además, está Argentina que busca convertirse en el segundo productor mundial antes de 2030, y Perú y México que han anunciado también sus intenciones de explotar sus yacimientos.
Pero, ¿está América Latina preparada para aprovechar la oportunidad económica de explotar el mineral y cuidar al mismo tiempo de los ecosistemas que albergan esas reservas?
A excepción de México y Perú, las reservas de litio se encuentran en salares donde la biodiversidad es tan frágil como única y el eventual aumento de las explotaciones de litio preocupa a comunidades, científicos y conservacionistas. Hasta ahora, el proceso para obtener litio implica la evaporación de millones de litros de agua poniendo en riesgo a estos ecosistemas y aunque las expectativas están puestas sobre las tecnologías de extracción directa, aún no hay pruebas contundentes de que reduzcan efectivamente los daños ambientales.
Mongabay Latam conversó con Juan Luis Dammert, director para América Latina de Natural Resource Governance Institute (NRGI), sobre los desafíos de la región ante este nuevo panorama de la fiebre por el litio.
—¿Cuál es el panorama que regionalmente se está presentando respecto de la industria del litio?
—A nivel mundial el litio ya está teniendo un rol muy importante en la electromovilidad y en el almacenamiento de energía. En la transición energética global el litio tiene un papel central y hasta el momento no tiene un reemplazo tecnológico. Por lo mismo hay una carrera global por asegurar su abastecimiento. Esa carrera no sabemos cuánto va a durar, pero no va a ser corta. Yo calcularía mínimo dos décadas.
Donde está la mayor cantidad de reservas es en América Latina y los países que tienen litio quieren aprovechar esta ventaja. Ahí lo que hemos visto son algunas diferencias en el enfoque y en algunos casos también similitudes.
—¿Cómo cuáles?
—En los países del triángulo de litio uno podría hablar de tres modelos: el modelo argentino que da la bienvenida a la inversión privada; el caso chileno y su apuesta por el litio como un mineral no concesionable, y el modelo boliviano que establece que el Estado participa en toda la cadena de valor del litio. La novedad es que Chile al anunciar la creación de una empresa nacional de litio y hablar de control estatal —más allá del detalle porque puede haber involucramiento privado— está yendo hacia una figura también de mayor participación estatal en esta industria.
Lo que hemos visto, sin embargo, es que Bolivia no ha avanzado casi nada en términos prácticos. Ni siquiera en convertir los recursos en reservas porque en Bolivia se habla de que hay recursos en el salar de Uyuni, pero no se ha acreditado comercialmente, no se sabe el número de reservas extraíbles.
Por otro lado, en todos los países hay esta idea de “nosotros tenemos las mayores reservas”. Una similitud regional es que se prende el entusiasmo de los gobiernos para decir hay que aprovechar este boom y beneficiarse lo más que puedan.
—¿Cómo es el caso de Perú y México?
—El gobierno mexicano también anunció una nacionalización del litio, pero lo que dicta el decreto es sobre las futuras explotaciones, entonces no se está expropiando actualmente. En el caso peruano se habla solamente de declarar el litio (como un recurso) de interés nacional.
Al contrario de Chile, Argentina y Bolivia, en Perú y México el litio no está en salares.
En México el proyecto más importante es el de litio en arcilla que requiere otro tipo de desafío tecnológico. Esto es importante porque los impactos ambientales varían según las diferentes formas en las que esté el yacimiento y los desafíos tecnológicos que esto trae.
En Perú lo que hay es un yacimiento de litio en roca asociado con uranio y aunque hay una expectativa de que va a haber un gran proyecto, realmente no se sabe. Además, la legislación para extraer litio asociado con uranio no está, hay que desarrollarla.
El caso mexicano es interesante porque ahí tienen un desarrollo más importante de la industria automovilística. Esto no significa que producen baterías, pero hay mayor relación con el ensamblaje de automóviles y la conexión con el mercado norteamericano por lo que podría haber ahí un desarrollo industrial que tiene posibilidades de funcionar.
Entonces, las tecnologías son diferentes, las estrategias también son diferentes, pero lo que es similar entre ellos es este entusiasmo y esta expectativa de grandes ganancias por la demanda tan alta del litio.
—¿De qué se trata la tecnología de extracción directa?
—La extracción directa usa insumos químicos para producir el litio sin recurrir a las piscinas de evaporación. En Bolivia aparentemente ya se firmó un acuerdo con una empresa china para producir litio con este método, pero esta tecnología está desarrollada a nivel piloto, no hay evidencia de que a nivel industrial esto no va a generar otros impactos. Lógicamente, hay científicos muy preparados que han desarrollado modelos y que están pensando en todas las alternativas y escapa a mi conocimiento decir si lo están haciendo bien o mal, pero la evidencia histórica en ese tipo de cosas dice que a la hora del ahora aparecen nuevos problemas.
Por ejemplo, se va a reinyectar la salmuera, pero ¿dónde se va a reinyectar? ¿Ahí mismo diluyendo la cantidad de concentración de litio que tienes en ese pozo? ¿En otro lugar? ¿Qué pasa si reinyectas estas salmueras sin litio? Yo diría que hay que ser muy prudentes en simplemente asumir que esto va a ser bueno. Además esto requiere más energía y requiere más agua que para el caso del salar de Atacama en Chile aparentemente se obtendrá del océano y que hay que desalar. Eso tiene un costo y también hay que hacer un cálculo ambiental del impacto de la desalinización.
—La estrategia nacional del litio en Chile incluye la creación de un Instituto Tecnológico que tendrá la tarea de hacer investigación para, entre otras cosas, encontrar métodos que tengan menor impacto. ¿Le parece que sea una buena solución para asegurar que el desarrollo de la industria pueda ser amigable con el medio ambiente?
—Es muy importante la decisión del gobierno chileno de crear este instituto y de poner el énfasis en que se requiere muchísima investigación para ver cuáles son las mejores formas de extraer, porque efectivamente no se sabe bien. Yo no soy experto en hidrogeología como para decir los impactos van a hacer estos, pero conociendo en general la historia del aprovechamiento de recursos naturales, me parece que hay muchas incertidumbres y eso se combina mal con el entusiasmo y el apuro por extraer grandes cantidades de litio.
El gobierno ya está diciendo “apostamos por la extracción directa y hacia allá vamos”. La impresión que tengo es que la industria está diciendo: “Si esa es la decisión del gobierno, vamos, porque quiero seguir haciendo el negocio. Yo hago lo que me digan y lo hago lo mejor que pueda”. Pero en NRGI no estamos convencidos todavía de que la opción de la extracción directa sea necesariamente la mejor.
Entonces, está muy bien hacer un instituto, muy bien investigar, pero hay que tener mucho cuidado con simultáneamente decir “yo ya decidí que esta es la mejor opción, vamos por acá y después nos enteramos de si era buena o no”.
—¿Puede la ciencia ir al ritmo del entusiasmo político para responder a esa pregunta a tiempo?
—Tiene que… Es como las vacunas del Covid que las sacaron en 10 meses porque la gente se estaba muriendo. Hay una ventana de oportunidad de litio, hay esta dificultad del impacto ambiental, entonces hay que invertir en investigaciones, en diferentes grupos que publiquen, en que haya un debate serio. Qué tanto vas a esperar, si vas a aplicar o no el principio precautorio y vas a decir “no vamos a extraer nada de litio hasta que no sepamos a ciencia cierta”, eso también es una decisión política.
—Todo esto aplica en el caso de los salares, ¿qué pasa con el litio que está en roca o en arcilla como es el caso de México?
—La extracción del litio en roca es una explotación minera convencional, como de cualquier otro mineral. Entonces tiene los mismos patrones que se usan para explotar plomo, plata, zinc, cobre, etc.
En el caso peruano, donde el litio está asociado con uranio, genera un desafío adicional por el material radiactivo. No hay un marco legal regulatorio que gobierne esto y los antecedentes en el Perú no son muy positivos en el cuidado ambiental en operaciones riesgosas.
Creo que el mensaje es que efectivamente hay que ver en mucho detalle el tipo de impacto, que es diferenciado según el caso. Cuando tú tienes una demanda muy alta y los precios están altos y hay mucha fiebre por el litio empiezas a cometer errores y ese es el riesgo.
Primero hay que descifrar la parte de gobernanza y salvaguardas ambientales, y luego meter el pie en el acelerador sobre la extracción. Si lo haces al revés pueden haber costos más altos de lo que a los países estratégicamente les conviene.
—¿América Latina está preparada para estar a la altura de este desafío protegiendo al mismo tiempo sus ecosistemas?
—Hace ya varios años que sabemos que viene la fiebre de los minerales de transición y que los países deberían estar dedicados a pensar cómo aprovechar esto sin repetir los errores del pasado. Esto tiene que ver con fortalecer los marcos institucionales, ambientales, sociales, de gobernanza, distribución de renta que ha sido muy conflictivo en el pasado, pero eso no es lo que ha ocurrido en los últimos años. Lo que ha habido en América Latina en los últimos años son crisis políticas, conflictos alrededor de proyectos extractivos, esto último sobre todo con mayor visibilidad en el caso de Perú. Yo no diría que América Latina está hoy mejor preparada que hace algunos años.
Me parece que el que más ha retrocedido en gobernanza ambiental es Perú. En el caso chileno el gobierno de Gabriel Boric tiene una mirada más sensible a los temas ambientales y sociales; y que haya puesto sobre la mesa todos los temas de investigación y los temas de consulta es algo positivo. Pero la idea de incrementar la extracción del litio es muy clara, con todos los anuncios de salvaguardas y lo que fuere, pero tiene más peso el entusiasmo por el aprovechamiento económico que la preocupación por las salvedades ambientales y sociales.
—¿Preocupa que esto pueda ser un nuevo foco de conflicto con comunidades?
—En el caso del litio en Chile este gobierno es consciente de la importancia de la participación y de la consulta, pero en la práctica no lo ha llevado a cabo para esta primera etapa y no está claro cómo va a ser (la participación) en la etapa que viene. Entonces me parece que, aunque no son ajenos al tema, falta aplicarlo, pasar de la idea a la acción.
Un tema que se discute poco es el de la distribución de la renta a nivel local. SQM y Albemarle (las dos empresas que extraen litio en el Salar de Atacama) tienen por contrato pagos destinados a proyectos locales ya sea directamente con las comunidades o a través de Corfo (la institución pública que administra las reservas de litio del país). Eso falta analizarlo un poco mejor porque lo que muestra la evidencia de otros lugares, es que cuando hay un boom de recursos a nivel local si estos no están bien manejados lo que trae es migración, corrupción, alcoholismo, problemas sociales. No por eso vas a decir que no venga la plata, pero se requiere de toda una arquitectura institucional y una serie de protocolos y planificaciones para cuando inyectas mucho dinero en el nivel local.
En el caso boliviano, la expectativa de una renta extraordinaria que va a recibir el país por la explotación del litio es muy alta, y en las comunidades el objetivo principal es ser parte de estos beneficios. Entonces los conflictos que se han dado tienen que ver con cómo las comunidades o los gobiernos subnacionales en las proximidades de Uyuni participan en las regalías que aún no están cobrando, porque aún no están produciendo. Pero curiosamente, además de esa expectativa por la renta hay posiciones un tanto ideológicas que exigen la industrialización de litio, pero sin tener bases técnicas o sin reconocer la falta de capacidades, experiencia y tecnología. El imperativo ha sido que el país industrialice el litio, produzca baterías y capture renta que se distribuya en los territorios. Nada de esto ha ocurrido.
En el caso peruano lo que hay ahora es una especie de envalentonamiento del gobierno, de reactivar algunos proyectos —entre ellos mencionan algunos conflictivos como es el caso de Tía María, que es un proyecto de cobre, otro mineral de la transición— y también hablan del litio en Puno. Esto último ha generado una reacción de rechazo de dirigentes de Puno. Parece que en el gobierno están haciendo un cálculo de que van a poder avanzar proyectos sin respaldo popular, lo que me parece muy peligroso y no creo que sea viable. Creo que están cometiendo un error de apreciación de cuál es su situación política.
