Mientras que para algunos el concepto representa una minería más sustentable y amigable con el medio ambiente, para otros no es más que un intento de lavar la imagen de un sector que inevitablemente impacta el entorno donde opera. Fuente: Revista Nueva Minería y Energía, 8 de junio de 2023.
El concepto no es nuevo. Acuñado hace más de una década en Finlandia para posicionar a su industria minera como sustentable, la llamada ‘minería verde’ generó controversia desde sus inicios. Originalmente basado en cinco pilares -que aluden al uso eficiente de energía, minimizar impactos sociales y ambientales, y mejorar prácticas organizacionales y laborales, entre otros-, el concepto no tardó en expandirse hacia varios países mineros, incluyendo Chile, donde ha sido usado tanto por empresas y gremios del sector como por autoridades de gobierno. No obstante, la actual administración del presidente Gabriel Boric ha optado por mantener distancia del concepto. ‘Preferimos hablar de una minería más respetuosa con el medioambiente en vez de usar el concepto de minería verde a secas, ya que entendemos que en algunos círculos éste se puede asociar con una suerte de lavado de imagen de la industria. Entonces, para evitar esa confusión, para abordar las políticas públicas, programas o discusiones propias del sector, utilizamos una descripción in extenso del concepto’, aclara el subsecretario de Minería, Willy Kracht.
Desde el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) también están conscientes que el concepto no causa unanimidad. Si bien participaron activamente -junto a otras instituciones- en la elaboración del libro titulado ‘Minería verde para enfrentar la emergencia climática’, lanzado el año pasado, reconocen que el término es polémico. ‘Sabemos que el concepto minería ‘verde’ incomoda a un grupo que sabe mucho más de sustentabilidad que el sector minero, y de hecho ha sido parte de la discusión en Cesco desde que empezamos a involucrarnos más en el tema. Sabemos también lo complejo que es decir que la minería es sustentable cuando por su naturaleza va en contra de principios básicos de la sustentabilidad.
Pero cuando le ponemos apellido a la minería, el objetivo que hay detrás es entender que tenemos que hacer las cosas de una forma distinta’, dice Constanza Araya, coordinadora de Estudios de Cesco.
DEFINICIONES
Entonces, ¿cómo definir el concepto? Para Cesco, una ‘minería verde’ o ‘responsable’ es aquella que debe hacerse cargo de sus externalidades negativas. Pero no sólo eso. También se espera que sea transparente, baja en emisiones, que se adapte al cambio climático, que minimice sus residuos, que se inserte en sistemas circulares, que proteja la biodiversidad, que sea eficiente en el uso de insumos, que impulse encadenamientos, y que se inserte en los territorios.
Sin embargo, desde Fundación Terram sostienen que el concepto ‘minería verde’, e incluso otros como minería ‘responsable’ o ‘sustentable’ son ‘difícilmente aplicables’ al sector extractivo nacional. ‘Por su comportamiento histórico y presente, difícilmente la minería en Chile puede presentar un apellido verde, dice Telye Yurisch, economista e investigador de Terram. A juicio de la Fundación, aún existen distintos problemas técnicos de implementación relacionados con los mecanismos de certificación y el acceso oportuno a la información del comportamiento de las empresas extractivas, lo cual impediría ‘asegurar la trazabilidad responsable’ de la producción nacional. ‘Por último, la viabilidad del término enfrenta diversos desafíos políticos vinculados al nivel de conflictividad y desprestigio que presenta la industria minera nacional’, agrega Telye Yurisch.
METAS ‘MÁS AMBICIOSAS’
Más allá de la controversia por el uso del término, desde el gobierno creen que sí es posible ‘desarrollar actividades industriales de la envergadura que demanda la minería’ minimizando el impacto que esta actividad tiene en su entorno más cercano y también a nivel global. ‘Esto último debido a la reducción de emisiones de CO2 asociadas al desarrollo de la actividad’, precisa el subsecretario Willy Kracht. Para la autoridad, si bien la industria ‘ha dado pasos en esa dirección’, lo que faltaría para alcanzar ese horizonte es acordar participativamente ‘metas más ambiciosas que las que nos hemos dado hasta ahora’, reconoce el subsecretario. El diagnóstico del gobierno es compartido por Cesco. ‘Es importante destacar que en muchos ámbitos de la sustentabilidad la minería chilena está trabajando para alcanzar los más altos estándares en materia ambiental. Obviamente aún hay muchísimo por avanzar, pero sí es posible tener una minería más responsable’, dice Constanza Araya.
¿Qué se necesita para seguir avanzando? En opinión de Cesco, se deben generar más instancias de colaboración entre el mundo público y privado y que se fortalezcan las relaciones entre las distintas empresas que componen el sector minero para resolver desafíos comunes. Pero no sólo eso. También es necesario que se propicien relaciones robustas con los stakeholders, principalmente con las comunidades para lograr relaciones de confianza y transparentes; fortalecer la institucionalidad ambiental y minera; e impulsar políticas públicas que tengan un enfoque integral. Asimismo, Cesco señala que se deben aumentar las exigencias, pero ‘sin poner en riesgo la competitividad de la industria, para la mitigación, control y gestión de las externalidades; aumentar el financiamiento en innovación y desarrollo; y mejorar y aumentar la fiscalización a las operaciones mineras’, agrega la coordinadora de Estudios de Cesco. Desde Terram, coinciden en que el sector puede avanzar en ciertos niveles de responsabilidad en cuestiones ambientales, sociales, fiscales, y de transparencia, entre otras.
En este sentido, señalan que es importante que el gobierno avance con urgencia en ‘el cierre de las principales brechas de política’ que presenta el sector, principalmente asociadas a la compleja situación hídrica que presenta el país y en particular la zona norte, como también en la protección y conservación de fuentes de suministro hídrico, como glaciares, salares y humedales, entre otros. Asimismo, mencionan avanzar en la remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) y en la transparencia operacional y fiscal de la industria. ‘Si bien la reciente adhesión del gobierno al Acuerdo de Escazú representa un avance en materia de derechos humanos, y las intenciones declaradas por el mismo gobierno de ser parte de la Iniciativas de Transparencia de Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) también implicarían una mayor transparencia sectorial, lo cierto es que en la práctica aún persisten -y se han acentuado- los problemas de gobernanza y con ello una alta conflictividad social y desconfianza por la industria’, asegura Telye Yurisch, de Fundación Terram.
