El Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano, aunque aprobado por las autoridades pertinentes, permanece como una cicatriz en la comunidad ambiental de la comuna de Peñaflor, ubicada en la zona central de Chile. Su línea de transmisión eléctrica atraviesa de forma aérea la Reserva Natural Municipal y los humedales ribereños del río Mapocho, y su proceso de instalación estuvo marcado por el tira y afloja entre la empresa titular del proyecto, Peteroa Energy, la Municipalidad y las organizaciones socioambientales del sector. Fuente: Climate Tracker, 16 de abril de 2025.
La ribera del río Mapocho, en la comuna de Peñaflor, es un lugar rodeado de verde y de diversos tipos de aves. La entrada a la Reserva Natural Municipal cuenta con un sendero con un incipiente bosque a partir de las reforestaciones que han hecho las organizaciones, y al acercarse al río comienzan a aparecer “los pozones”, un sistema de humedales ribereños que la comunidad visita para realizar senderismo, picnic, paseos en bicicleta y observación de flora y fauna nativa. Sin embargo, desde el año 2021, el paisaje ya no solo contaba con la presencia de árboles, agua y senderos, sino que también con una línea de transmisión eléctrica, cuya instalación -resistida por la comunidad- refleja el debate existente en Chile en cuanto a la evaluación ambiental y la transición energética que lleva adelante el país.
Durante el año 2018 la empresa Peteroa Energy Spa presentó un nuevo proyecto de energía solar, cuya infraestructura se dividía en dos partes: la construcción de un parque de paneles solares en la comuna de Padre Hurtado y una línea de transmisión eléctrica que cruzaría por los cerros y el río Mapocho hasta llegar a la comuna de Peñaflor, lugar en donde se inyectaría al sistema eléctrico la energía producida por el parque.
Sin embargo, al presentar su Declaración de Impacto Ambiental para ingresar al sistema de evaluación, la empresa no generó ningún estudio en el sector en donde instalarían la línea de transmisión, lo que levantó de inmediato las alarmas en el municipio de Peñaflor y en la Corporación Nacional Forestal (CONAF), quienes solicitaron que se realizara una caracterización especial debido a la presencia del coipo, un roedor nativo de mayor tamaño en Chile, y la rana chilena, anfibio endémico del país, categorizado en estado vulnerable.
En respuesta a la solicitud del municipio, Peteroa Energy cambió el trazado de su línea de transmisión y generó una caracterización en el sector. Sin embargo, los datos que proporcionaron en su estudio no eran congruentes con los estudios que manejaba el municipio. Por un lado, la empresa aseguraba que en el lugar donde instalarían sus torres no se encontró presencia de rana chilena, mientras que desde la Municipalidad insistieron en que esa área correspondía, efectivamente, a uno de los sitios clave donde habita este anfibio.
Además, el municipio destacó la importancia del lugar como corredor biológico para aves nativas y migratorias, mientras que la caracterización de la empresa no reconoció la presencia de ningún ave que se encontrase en proceso de migración.
¿Cómo dos estudios en un mismo sector pueden reportar resultados tan distintos?
Para Matías Guerrero, biólogo y presidente de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología (SOSOET) esto sucede ya que los titulares separan zonas sin entender que pueden ser parte de un mismo sistema. Además, menciona algunas observaciones importantes respecto a la forma en que se realizan estas caracterizaciones, como el hecho de que se realizan en tiempos muy acotados.
“Las empresas deberían, al menos, realizar un transecto con distintos puntos en distintas épocas del año, mínimo en las cuatro temporadas. Y dentro de las temporadas, no lo deben hacer solo en diciembre, sino que, por ejemplo, noviembre al inicio y fin de temporada, porque al inicio están llegando las aves migratorias, y al final, se están yendo (…) las aves, no funcionan como en el calendario, de a poco van llegando, entonces si mediste solo en diciembre, echaron por la borda de todas las que llegaron después”, explica el biólogo.
El municipio insistió en la presencia de rana chilena en el sector y en la afectación del valor paisajístico del entorno. Además, fue categórico en señalar que las caracterizaciones de la empresa no eran coherentes con los estudios de los que estaba en conocimiento la Municipalidad, ya que ellos contaban con registros de presencia de anfibios, peces y moluscos no caracterizados por Peteoroa Energy. Estas afirmaciones se ampararon en el Informe Desarrollo de Investigación Aplicada y Actividades de Difusión para la Conservación de la Rana Chilena en la Región Metropolitana de Santiago, realizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile entre los años 2017 y 2018.
A partir de las contradicciones, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió a la empresa realizar una nueva caracterización, la que llegó a los mismos resultados. Peteroa Energy no evidenció en sus estudios a la rana chilena.
En julio de 2019 se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. La entonces intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, declaró que todas las observaciones estaban contestadas en los documentos enviados por Peteroa Energy.
Para el actual concejal de la comuna de Peñaflor, Sebastián Contreras, los procesos de participación y denuncia son difíciles para las comunidades y las autoridades locales, ya que afirma que existe un desbalance entre las capacidades técnicas que tienen los titulares de los proyectos y el poco peso que existe en la toma de decisiones para las comunidades locales.
“Como ciudadanos, e incluso a veces como municipio, enfrentarse a grandes empresas que tienen un buffet de abogados impresionante es complejo. Al momento de intentar nosotros denunciar malas prácticas que hacen estas empresas, con la patente o con el eslogan de ser energía verde, pero sin mediar lo que ellos afectan en su proceso de trazado, sobre todo en lo que es el tendido eléctrico, nos genera la sensación de que en verdad no tenemos tanto peso como ciudadanos porque hoy en día incluso la participación ciudadana es básicamente consultiva. Por más que no estemos de acuerdo con un proyecto, es bien poco lo que podemos hacer”, afirma.
Proceso sancionatorio
El Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano siguió su proceso de instalación con normalidad hasta el año 2021, mismo año donde el sector de los humedales ribereños de la comuna de Peñaflor se declararon Reserva Natural Municipal (RENAMU) y fueron amparados por la Ley de Humedales Urbanos.
Peteroa Energy se dio cuenta que para realizar el cruce sobre el río debían instalar una torre de mayor envergadura de la que habían señalado en su proyecto. Realizaron las obras correspondientes para ello, pero sin notificar al Servicio de Evaluación Ambiental.
El problema se agudizó aún más cuando, al realizar la excavación para la nueva torre, el agua de las napas subterráneas del sector comenzó a aflorar a la superficie, inundando los alrededores y cambiando la fisiología del área conocida como Los Pozones.
Cuando ocurren este tipo de hechos, los titulares de los proyectos tienen la obligación de notificarlo a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). La empresa, en cambio, comenzó a extraer el agua para verterla en los humedales aledaños sin dar ningún aviso.
Estos hechos están relatados en una serie de denuncias presentada ante la SMA. Primero por el, en ese entonces, director de Sustentabilidad del Municipio, Germán Ortiz, y luego por Claudia Sagredo, vecina de Peñaflor y miembro de la organización socioambiental Mapuko.
Claudia se dio cuenta del hecho al visitar el sector, y al igual que el municipio en el proceso de evaluación, sintió de inmediato preocupación por la presencia de la rana chilena.
“Nosotros nos percatamos de que habían roto una napa. Nos asomamos, vimos lo que estaba pasando y se notaba porque había aflorado mucha agua, donde no había tanta agua, y justo en un sector donde hay mucha rana chilena, entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando acá? Están alterando esto”, relata.
La SMA realizó dos fiscalizaciones en terreno y ordenó medidas provisionales, las que consistían en frenar la maquinaria y realizar los estudios pertinentes para medir posibles afectaciones. Además, formuló los siguientes cargos contra Peteroa Energy: cometer acciones que impidan eliminar o minimizar consecuencias ambientales de acuerdo a lo estipulado en la RCA del proyecto, y cometer acciones u omisiones que involucren ejecutar proyectos fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La empresa, para poder retomar sus obras, presentó su Programa de Cumplimiento donde adjuntó nuevas caracterizaciones del lugar. En comparación a la caracterización realizada en el año 2019, ahora habían mapeado un 40% más de especies, siendo la diferencia más importante en aves, con 20 especies nuevas registradas.
El municipio indicó que dadas las nuevas características del lugar debido a las declaraciones de RENAMU y humedal urbano, la empresa debía someterse nuevamente al sistema de evaluación a través de un Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, en junio del 2022 la SMA aprobó el Programa de Cumplimiento y dio por cerrado el proceso sancionatorio.
Para el alcalde de Peñaflor de ese periodo, Nibaldo Meza, tanto el proceso de evaluación como sancionatorio, lo dejaron con sentimientos amargos, ya que si bien el proyecto era de energía renovable, para él hubo una afectación al ecosistema de todas maneras.
“Situaciones como esta, sin duda alguna, afectan al medio ambiente, aunque se pretendan vender como proyectos que utilizan energías renovables, que son medioambientales, que cuidan la naturaleza, finalmente uno ve que no se logra el propósito final. La conclusión que me quedó respecto a la empresa es que eso no está dentro de sus líneas de trabajo. El cuidado y preservación del medio ambiente sigue siendo un negocio”, afirma.
Además, considera que si las empresas pueden realizar este tipo de prácticas es porque existe una legislación que lo permite.
“Aquí lo que hubo fue una ocupación de un espacio en donde existía una diversidad de flora y fauna, y en donde existían características de la mecánica del suelo que estaban asociadas a condiciones en donde se preservan distintas especies. Sin embargo, ahí se construyó. ¿Por qué? Porque la legislación no lo impedía, y lamentablemente también hoy en día las empresas tienen diversos profesionales que, naturalmente, buscan y rebuscan la manera de poder realizar finalmente el propósito utilitarista, la ganancia de una empresa aún a costa de afectar el medioambiente. Yo soy un crítico, creo que todavía Chile está muy atrás en materia de legislación de cuidado y preservación del medioambiente”, agrega el exalcalde.
Impactos hasta hoy
Hasta el día de hoy, los vecinos y vecinas visitan la RENAMU en Peñaflor y una de sus primeras vistas es la línea de transmisión eléctrica del Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano, ubicada de forma colindante con un sector con pozones que se encuentran en recuperación hasta hoy.
A pesar de que Chile suele ser categorizado como un ejemplo de transición energética en la región, y que el carácter de una “transición justa” aparece en las políticas oficiales del Estado, como la Política Energética 2050, para la comunidad peñaflorina los costos estuvieron en desbalance en relación a los beneficios del proyecto. Además, dado que el proceso no tuvo una instancia de participación ciudadana, y hasta hoy existen vecinos y vecinas que desconocen el paradero de la energía producida por el parque fotovoltaico de Peteroa Energy.
Para el académico de la Universidad de Chile y miembro de la Red de Pobreza Energética, Julián Cortés, estos problemas pueden darse debido a una falta de diálogo entre las institucionalidades de Medio Ambiente y Energía en el país.
“Ahí hay un problema institucional, porque cuando se dictaron las normas de evaluación y declaración de impacto ambiental, nunca dialogaron con las normas de energía. Entonces, eso es un gran problema, porque de alguna manera las normas para todo el sistema de evaluación ambiental que hace el servicio y todo ese proceso, nunca se consultó a la gente de Energía o nunca se sentaron, cuando se hizo este procedimiento, a decirse, bueno, ¿cuáles pueden ser los potenciales impactos que ustedes ven en su sector?”, asegura
Por otro lado, para la abogada de la ONG FIMA, Sofia Barrera, actualmente no existe un instrumento dentro de los procesos de evaluación que pueda contribuir a que la transición energética realmente sea justa, transformándose en un gran desafío para la institucionalidad. “De hecho, ese es un gran desafío para organizaciones como la nuestra, que busca posicionar estos discursos para introducirlos dentro de la materialización de los proyectos. ¿Y por qué digo la materialización? Porque, claro, nosotros podemos tener políticas públicas que incentiven proyectos de transición para descarbonizar la matriz energética, etc. Y eso está perfecto, pero esa descarbonización no puede ser a costa de las comunidades, sin mirar cuestiones que son importantes dentro de la transición para que sea realmente justa”, afirma.
En esa misma línea, para la directora de incidencia política de la Fundación Ecosur, Pamela Poo, el sistema de evaluación ambiental chileno no está preparado para enfrentar los desafíos de la transición justa, mucho menos en un contexto en donde las dinámicas de mercado son las que van marcando las políticas públicas.
“El sistema no está preparado para lo desbordado que se posiciona ese discurso en cuanto a lo que hay que hacer para una transición energética, y por lo tanto no está siendo ni va a ser justa porque eso significa tener que remirar el sistema capitalista en el que estamos. Lo justo tendría que venir desde otros espacios como la política pública y eso no está ocurriendo porque, si bien estamos hablando de transición energética, en el contexto del sistema económico actual ninguna transición energética va a ser justa si no tiene otros ingredientes que sean diferentes al problema que nos trajo aquí”, afirma.
Existen una serie de desafíos para que la institucionalidad ambiental pueda enfrentar de forma eficiente y justa la transición energética, sobre todo en un país como Chile, cuyo objetivo a nivel de Estado en la materia es posicionarse como un referente internacional de energías renovables.
Para el abogado de ONG FIMA, Felipe Pino, de no tomarse las medidas necesarias para que este proceso ocurra de forma justa se pueden incluso comenzar a deslegitimar los proyectos que buscan contribuir a la transición energética en Chile.
“Hay que empezar a entender y poner en el debate público que los estándares de sustentabilidad y transición justa no son estándares éticos, van a ser el factor desequilibrante de si logramos hacer las cosas o no. Esto no está siendo debidamente internalizado por los tomadores de decisión. Están diciendo, sí, obvio que transición justa, pero en el fondo no se ha internalizado como una dimensión necesaria para que esto ocurra, es solamente un agregado. Si no hacemos más en ese sentido, con obligaciones adicionales a las empresas y a la administración del Estado, vamos a seguir en la escalada de la de la resistencia social hasta llegar a un punto en que se van a empezar a deslegitimar agendas de transición energética, tal como se deslegitimaron ya las hidroeléctricas, por ejemplo”, concluye.
