La medida evitó el desalojo de una comunidad de medio millar de personas y puso en marcha la implementación de una ley que estaba sin efecto desde que fue aprobada en 2017. Se trata de la Ley de Caletas que entrega títulos de concesión a los pescadores artesanales para que administren los territorios y puedan diversificar su negocio, y con ello mejorar sus condiciones de vida. El desafío es hacerlo de modo sostenible y sin perjudicar el medioambiente. Fuente: Mongabay, 19 de septiembre de 2024.
El pedregoso camino serpentea cuesta abajo; a la distancia empiezan a divisarse como piezas de un tablero de ajedrez las barcas ancladas en la pequeña bahía; y las casas recostadas sobre las rocas completan el paisaje y les añaden colores: rojo, amarillo, azul, verde. La quietud se adueña de la tarde, apenas alterada por el viento que hace girar las aspas de los gigantescos molinos productores de energía eólica erguidos sobre las colinas. Caleta Sierra, en la región chilena de Coquimbo, sería un punto perdido en el mapa si no fuese porque en los últimos años su gente se las ha ingeniado para atraer las miradas de todo el país.
“Lo que estamos haciendo hoy es un acto de expropiación. El Estado de Chile adquiere un terreno privado y lo pone a disposición de la Asociación de Pescadores de Caleta Sierra para que lo administre”, dijo con solemnidad Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales, y los poco más de 500 habitantes de la vecindad estallaron en aplausos.
El acto, celebrado en julio pasado, marcó un hito en la historia: por primera vez se hacía efectivo uno de los artículos fundamentales de la Ley de Caletas, aprobada en 2017 pero apenas implementada desde ese momento, el cual permite traspasar los espacios de tierra y mar de manos privadas a la comunidad de pescadores artesanales que habita el lugar.
Más de 100 mil pescadores
La Real Academia Española define a una caleta como “una entrada de mar, más pequeña que una bahía”, pero en Chile el término adquiere un significado mucho mayor. “Para nosotros es una comunidad, una unidad productiva donde se desarrolla la actividad económica de la pesca artesanal”, define Gonzalo Garrido, jefe del Departamento de Pesca Artesanal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. La ley de Caletas amplía el concepto sumando factores culturales y sociales. Un artículo publicado hace algunos años por Alejandro Orellana Mc Bride y María Macarena Díaz Zamora destaca su larga historia nacida en tiempos prehispánicos, y resalta su importancia “en la conservación y desarrollo identitario del borde costero, en un contexto de vulnerabilidad ante amenazas naturales y antrópicas”.
Los más de 8 000 kilómetros de costa de Chile albergan 467 de estas comunidades oficialmente reconocidas. Su distribución abarca todas las regiones del país, desde Arica, en la frontera con Perú, hasta las cercanías del Cabo de Hornos, en el archipiélago de Tierra del Fuego, sin olvidar un par de ellas en la lejana isla de Pascua. Alrededor de 105 000 pescadores, poseedores de 12 750 embarcaciones, se ocupan de darle vida a una actividad que en 2023 llevó a puerto el 39 % de la producción pesquera del país, en su mayor parte destinada al consumo interno.
“Nuestras artes de pesca son las líneas de mano, las redes de malla o los espineles, no las redes de arrastre que usa la pesca industrial y no son para nada sustentables. Cada región tiene sus propios métodos para la captura, pero nuestro punto en común es el mar, porque si no hay recursos pesqueros, no hay pescadores artesanales”, resume Hernán Machuca Vallejo, vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero y dirigente de la pesca en la Araucanía.
La más emblemática de las caletas
En Caleta Sierra habitan 568 personas, según el último censo. De ellas, 141 se dedican directamente a extraer los peces, mariscos y algas que les brinda el mar.
Aunque este lugar está habitado desde 1948, fue a partir del 2000 cuando comenzó a acaparar la atención del resto del país. Ese año, el empresario Claudio Khamis adquirió un predio de siete hectáreas que era conocido como Corral de Julio. Allí, durante varias generaciones, familias pescadoras que arrendaban el lugar a los propietarios originales habían levantado sus casas, una escuela municipal y un muelle que incluso era utilizado por barcos de la Armada chilena. Pero el nuevo dueño del terreno tenía otras intenciones y les comunicó a los pobladores que los desalojaría para construir un club náutico de lujo, lo cual dio comienzo a una larga lucha de resistencia.
El momento más álgido se vivió entre 2013 y 2014, cuando la justicia le dio la razon a Khamis en la demanda por desahucio que había planteado contra los habitantes de la caleta. Fue en aquel momento que Daniel Núñez, por entonces diputado por el Partido Comunista, salió en defensa de los pescadores y presentó la iniciativa de una ley que defendiera sus intereses.
“Este es un acto de justicia para quienes han vivido, trabajado y luchado por más de 40 años, amenazados por el poder del dinero que quería sacarlos de sus casas”, dijo Daniel Núñez, cuando presentó la iniciativa.
En concreto, la norma otorga a las organizaciones de pescadores títulos de concesión para que administren los terrenos por un período de 30 años, renovables por otros tantos siempre que hayan cumplido las pautas legales de funcionamiento económico, social y ambiental.
La expropiación es apenas una de las opciones que contempla la ley para formalizar la presencia de los pescadores artesanales en las caletas donde viven y trabajan. La medida también beneficia a las organizaciones de trabajadores incluidas en el llamado Decreto 240, una disposición de 1998 promulgada por el Ministerio de Defensa, que se ocupó de individualizar y, de alguna manera, oficializar las caletas que en ese instante ya contaban con un historial de funcionamiento.
“En Latinoamérica, y también en otras partes del mundo, cuando los ocupantes de un espacio no tienen su situación formalizada y el propietario detecta otra actividad económica que pueda resultarle más rentable, termina quitando a quienes están en sus tierras, en este caso, los pescadores artesanales. De esa manera la actividad iría desapareciendo. Lo que busca la Ley de Caletas es resguardar su persistencia y permanencia en los territorios”, explica Gonzalo Garrido.
Caleta Sierra “es un lugar emblemático, porque parte de la gestión legislativa se originó allí, y fue una de las prioridades a abordar en 2019, una vez que se reglamentó la nueva ley”, recuerda Cecilia Solís, directora de la Regional Coquimbo del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). “Aquí la ley tiene una enorme importancia porque tenemos 34 caletas en la región y a diferencia de lo que pasa en otros lugares del país, el desembarque es 95 % de origen artesanal”, puntualiza Solís.
Pero Caleta Sierra es solo el “puntapié inicial”, señaló la ministra Sandoval durante el acto de cesión de los terrenos a los pobladores locales. “Tenemos un plan para 2025, ya que hemos identificado algunas de las caletas en la región de Tarapacá [en el norte] en terrenos fiscales”, dijo la ministra, aunque precisó que en esos casos “procede una regulación y no una expropiación”.
Posibilidades y retos
La legislación chilena se ocupa de definir con precisión a los diferentes componentes de la pesca artesanal: será pescador el patrón o tripulante de una embarcación de hasta 12 metros de eslora que realiza sus actividades en la franja de las primeras cinco millas marinas; armador, si es dueño de dos embarcaciones; mariscador si se dedica a extraer mariscos; y alguero, si recolecta y seca algas. Como excepción, y con barcos más grandes (18 metros de eslora y hasta 80 metros cúbicos de bodega), estos hombres y mujeres del mar pueden superar las cinco millas hasta llegar a las 200, donde acaba el territorio marítimo chileno.
Los títulos de concesión que la Ley de Caletas otorga a los pescadores les brinda la libertad de administrar sus comunidades y resulta clave para su futuro desarrollo, porque si bien las capturas artesanales son y seguirán siendo el eje central de la actividad, poder planificar a largo plazo permite pensar en una ampliación de los horizontes laborales.
“En las caletas admitimos todas las actividades que signifiquen una diversificación de la pesca artesanal. El permiso de uso del espacio implica la posibilidad de ofrecer atracciones turísticas o establecer plantas para procesar los productos del mar”, dice Gonzalo Garrido. “La pesca es un recurso en el agua, pero abrir restaurantes o arrendar locales para la venta de productos del lugar pueden ser otros en tierra”, explica Hernán Machuca, y desgrana las posibilidades que ya son una realidad en muchas caletas chilenas: “Avistamiento de aves, paseos por los humedales y las playas, excursiones acuáticas, propuestas gastronómicas…”.
Algunas de las nuevas actividades posibles mantienen una relación estrecha con el trabajo ancestral. Por ejemplo, en la caleta San Antonio (región de Valparaíso), los pescadores decidieron adoptar un sistema de captura de la jaiba limón (Cancer porteri) que asegura los niveles de reproducción de la especie. De esa manera, la han convertido en su principal producto comercial e incluso la procesan en la misma caleta para transformarla en una crema enlatada. Al mismo tiempo, el cambio les permitió reducir la extracción de merluza común, cuya progresiva reducción empezaba a generarles serios problemas. En Coquimbo, las caletas podrán comenzar a practicar la acuicultura en pequeña escala.
La exigencia de la sustentabilidad
Aunque todas estas actividades podrían beneficiar económicamente a los pescadores artesanales, queda pendiente asegurar que estas no acarreen problemas ambientales. Por ejemplo, el desarrollo de negocios turísticos o gastronómicos podría incrementar la presión sobre los ecosistemas ya que significa un aumento exponencial de visitantes a las caletas, de circulación de embarcaciones o de generación de basura. Todo eso se suma a los desafíos que ya enfrenta la pesca artesanal, como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos marinos, la pesca ilegal, la contaminación, entre otros.
“Es necesaria una buena protección del medio ambiente pero no como un negocio, sino a favor de las comunidades que trabajan con los recursos pesqueros para alimentar al pueblo, especialmente en tiempos de catástrofes naturales y pandemias”, dice Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Cecilia Solís, de Sernapesca, aclara que “el plan de administración de las caletas es muy exigente y tiene puntos básicos que deben ser cubiertos, como el manejo de residuos. Asimismo, el plan de contingencias aborda muchas de las cosas que pueden suceder durante el futuro desarrollo de las caletas y, desde ya, deben cumplirse todas las leyes ambientales vigentes”.
En Chile, la pesca es siempre un tema candente. El país ocupa el séptimo lugar entre los principales exportadores de productos del mar del planeta, y el sector -incluyendo las categorías de pesca industrial, artesanal y acuicultura-, contribuye con un 0.65% al Producto Interno Bruto. En 2023, la actividad registró un aumento del 6.3 % y en los próximos días, el Parlamento debate la aprobación de una nueva norma legal que sustituya la actual ley general de pesca, que rige la actividad desde 2013 y ha sido desacreditada porque en su trámite se demostraron hechos de corrupción.
“Con esa ley se le entregó el 73 % de los recursos al sector empresarial, afectando seriamente a los que vivimos y trabajamos en las caletas”, señala Hernán Machuca Vallejo, y da dos ejemplos concretos: “La sardina y la anchoveta son recursos de orilla, porque nacen, se crían, se desarrollan, desovan y mueren dentro de las cinco millas, por lo que deberían ser especies destinadas en un 100 % a los pescadores artesanales. Sin embargo, desde Valparaíso hasta Puerto Montt, los barcos industriales que, en teoría no pueden entrar en esa área, tienen una cuota de captura de un 18 % de esas especies. La nueva ley debería corregir ese tipo de cosas”.
La vida, por ahora, mantiene su tono calmo en Caleta Sierra. El viento silba sobre las colinas y hace girar las aspas de los molinos de una energía eólica que solo entrega electricidad a muchos kilómetros de distancia. Pero algo ha cambiado en ese punto perdido del mapa de Coquimbo. Hoy disfruta el honor de haberse convertido en el motor de arranque para la implementación de una ley que luego de siete años de somnolencia comienza a empoderar a los pobladores del medio millar de caletas chilenas. Ya no son sólo las casas las que aportan cromatismo al paisaje; ahora también el futuro está lleno de colores.
