En 2023 fue aprobado por unanimidad el proyecto Adaptación Operacional de Minera Los Pelambres, que permitirá reubicar las tuberías que transportan el concentrado de cobre, aumentar la vida útil del proyecto minero, y construir una desalinizadora. El amplio prontuario de daños ambientales de la minera —que incluye derrames de petróleo, de concentrado de cobre y de aguas industriales— tiene preocupados a los habitantes de Pupío, sobre todo porque las nuevas tuberías serán instaladas a 100 metros de sus casas. Oponerse, sin embargo, les valió una demanda por parte de la minera. Son 27 los demandados que se suman a otras cinco personas de Choapa Viejo que también enfrentan un proceso judicial tras manifestarse por soluciones a los daños ambientales provocados por la empresa. Fuente: Mongabay Latam, 8 de marzo de 2024.
La segunda semana de octubre de 2023, Yasna Silva pidió ayuda a través de redes sociales. Ella, junto a toda su familia, había sido demandada por la empresa Minera Los Pelambres. ¿La razón? Ni ella, ni ninguno de los habitantes de su comunidad, Pupío, habían aceptado la ampliación de un camino que le permitiría a la minera instalar dos nuevas tuberías: una que llevaría 1200 litros por segundo de agua industrial y otra que transportaría concentrado de cobre proveniente de la extracción que la empresa hace en la cordillera de Los Andes, al norte del país, en la región de Coquimbo. Ambas tuberías pasarían a menos de 100 metros de su casa, y el temor de que una filtración afecte su vivienda fue la razón que la llevó a oponerse al proyecto.
Si bien ya existe una tubería en esa zona, actualmente solo transporta 400 litros por segundo de agua industrial. Con la aprobación en 2023 del nuevo proyecto de Adaptación Operacional presentado por la empresa, aquella tubería pasará a llevar tres veces la cantidad actual y, además, se sumará otra tubería con concentrado de cobre.
Desde la minera argumentaron a Mongabay Latam que en algunas de las instancias de diálogo con los dueños de predios, “no fue posible acordar las indemnizaciones por las servidumbres de paso”, es decir, por la construcción del camino que se requiere para instalar las tuberías. Por eso, dice la empresa, “se solicitó a un tercero imparcial determinar cuál es el precio justo a pagar por las servidumbres, lo que se realiza a través de un peritaje independiente y experto en los diferentes casos que actualmente se tramitan”.
Sin embargo, desde la comunidad de Pupío, donde vive Yasna Silva, acusan que tal diálogo no ha existido y que solo se han enterado de los avances de la demanda a través de las notificaciones oficiales emitidas por el tribunal de Illapel.
En total son 27 los habitantes de Pupío los que están demandados en un juicio civil por no aceptar la ampliación de la servidumbre de paso para la minera. “Dentro de los demandados hay dos adultos mayores, uno de 88 años y el otro de 89 años. Personas de campo que jamás han pisado un tribunal de justicia. Para ellos esto ha sido terrible. Hay noches que ni siquiera pueden dormir por la preocupación. También, dentro de los demandados hay dos personas con capacidades diferentes, uno de ellos vive conectado a un respirador”, explica Oscar Montalva, otro de los habitantes de Pupío que fue demandado por la empresa minera.
Actualmente, desde la comunidad aclaran que el proceso judicial se encuentra pausado por el fallecimiento de uno de los habitantes de Pupío y que volverá a retomarse en los próximos meses, cuando los herederos hagan posesión efectiva del terreno. Nunca pensaron enfrentarse judicialmente a una empresa tan grande como Minera los Pelambres, una de las 15 mayores productoras de cobre en el mundo, así es que el proceso ha sido angustioso, admiten. Sin embargo, confían en una resolución favorable.
“Esperamos que la resolución sea a favor de nosotros y la minera se haga responsable de todos los daños que ya nos han causado, en el impacto ambiental que han generado, el cambio en nuestro diario vivir, nuestra salud física y mental, el impacto en la parte agrícola y ganadera, y el peligro inminente de una servidumbre de paso a menos de 100 metros de nuestras casas”, dice Yasna Silva.
Más de 200 observaciones ciudadanas
La provincia de Choapa está ubicada al sur de la Región de Coquimbo. Sus cerros y sus valles marcan el fin del desierto de Atacama y el inicio de la zona central de Chile. De cordillera a mar, por todo el valle transversal, que inicia en el límite con Argentina al este y finaliza en el Océano Pacífico al oeste, habitan poco más de 80 mil personas. En esta provincia opera desde 1997 Minera Los Pelambres, una de las cinco mayores productoras de cobre en Chile, cuyo principal accionista es Antofagasta Minerals (AMSA), con el 60%. El 40% restante pertenece a un grupo de empresas japonesas: Nippon LP Investment (25%) y Marubeni & Mitsubishi LP Holding BV (15%).
El concentrado de cobre que Minera Los Pelambre extrae en la zona cordillerana de Choapa, cerca del límite con Argentina, es trasladado a través de tuberías por toda la provincia hasta llegar a la costa donde es cargado en barcos para su traslado y posterior comercialización. Los excedentes del proceso minero son trasladados por otras tuberías hacia los dos tranques de relaves más grandes de la región de Coquimbo: Los Quillayes y El Mauro.
Además, la minera cuenta con diferentes obras industriales para facilitar ese traslado, como una bomba booster, que reimpulsa el concentrado de cobre desde la zona de menos altitud de la provincia, el sector rural de Choapa Viejo, hacia la costa.
Según la página web de Antofagasta Minerals, AMSA es el principal grupo minero privado de Chile y uno de los 10 mayores productores de cobre del mundo. Además, pertenece a una de las familias más poderosas del país: los Luksic, que ostentan entre sus propiedades el Banco de Chile; el canal de televisión Canal 13; y CCU, una de las mayores distribuidoras de bebestibles.
El 20 de octubre de 2023, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime, y por recomendación de la Secretaría Regional del Ministerio de Medio Ambiente en Coquimbo, el nuevo proyecto de Minera Los Pelambres, “Adaptación Operacional”.
El proyecto, que contempla la inversión de 1000 millones de dólares, busca desarrollar un nuevo trazado para las tuberías que transportan el concentrado de cobre desde la cordillera al mar, atravesando toda la provincia de Choapa. También se establece un aumento de la vida útil del proyecto minero, hasta que el tranque de relave El Mauro complete su capacidad máxima de almacenamiento autorizado: 1700 millones de toneladas.
Por último, se considera la construcción de una desalinizadora para emplear agua de mar en los procesos industriales y dejar de utilizar agua dulce (aunque todavía la empresa no aclara qué hará con el derecho a 829 litros por segundo que mantienen hasta hoy).
El problema, es que el prontuario por daños ambientales que tiene la minera mantiene en vilo a los habitantes de la provincia quienes temen que el proyecto “Adaptación Operacional” traiga consigo derrames, como el ocurrido en 2022 cuando la rotura de la tubería que trasladaba el concentrado de cobre provocó un derrame que contaminó los predios agrícolas cercanos.
“¿Quién podría vivir tranquilo sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir un desastre como los que ya le han ocurrido a Minera los Pelambres en el valle del Choapa con proyectos de menor envergadura?”, cuestiona Oscar Montalva, uno de los habitantes demandados de Pupío.
La preocupación de los vecinos quedó demostrada en las más de 200 observaciones ciudadanas al proyecto Adaptación Operacional que fueron ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental.
Los antecedentes ambientales de la empresa
El derrame del 2022 no ha sido el único sufrido por los vecinos de Minera Los Pelambres. En agosto de 2008, el río Cuncumén recibió aguas infiltradas desde el tranque de relaves Los Quillayes y material proveniente de una piscina de emergencia alcanzó el estero Camisas. En noviembre de ese mismo año la empresa derramó más de 10 mil litros de petróleo, y en diciembre aguas procesadas escurrieron desde el vertedero de seguridad del tranque de relaves El Mauro hasta el estero Pupío. Por todos esos daños, la empresa fue sancionada por la antigua autoridad ambiental con la mayor multa efectuada contra la minera hasta ese momento: 82,5 millones de pesos (unos 140 mil dólares al cambio de esa fecha), y que correspondieron al 0,02% de las utilidades obtenidas por Minera Los Pelambres en 2009. En agosto de ese año, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron directamente al río Choapa.
Más tarde, bajo la nueva institucionalidad ambiental, los impactos ambientales y las sanciones a la empresa continuaron. Hasta hoy, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha abierto tres procesos sancionatorios en su contra (en 2013, 2016 y 2022), de los cuales dos han terminado en sanciones.
El último de esos procesos sancionatorios se debió al vertimiento de agua industrial en una zona agrícola a pocos metros del río Camisas, ubicado en la comuna de Salamanca, por lo que Minera Los Pelambres fue multada con más de 118 millones de pesos (unos 120 mil USD). El desastre ocurrió en noviembre de 2021, cuando una de las piscinas de emergencia filtró agua industrial hacia la ribera del río. Estas piscinas están destinadas a almacenar drenajes en caso de roturas en las tuberías, pero según consignó la SMA, estas obras estaban siendo utilizadas para una finalidad distinta a la declarada. En ellas se almacenaban un total de 6056 metros cúbicos de agua utilizada en los procesos industriales, en vez de mantenerse vacías en caso de un desastre.
En el proceso sancionatorio también se estableció que existían “deficiencias en el control, mantención y vigilancia en el sistema de drenaje de líneas y colección de relaves”, lo que fue considerado como un hecho grave por la SMA.
Que algo así vuelva a ocurrir es el mayor miedo de los habitantes de Pupío.
La otra sanción recibida por la empresa fue una multa proveniente del proceso sancionatorio de 2013. La minera tuvo que pagar poco más de 978 millones de pesos (alrededor de 1 millón 900 mil dólares) por no haber cumplido con los compromisos de protección del patrimonio del pueblo originario Diaguita, expuesto a daños y pérdidas tras la construcción del tranque de relaves El Mauro.
Uno de los hechos constatados en las investigaciones de ese caso, fue la manipulación de informes arqueológicos por parte de la minera para facilitar la aprobación del tranque, además de la pérdida de petroglifos durante el proceso de remoción. “Los espacios tutelares del pueblo Diaguita han sido destruidos sistemáticamente por Minera los Pelambres”, asegura Ivan Aguilera, educador tradicional diaguita y habitante de la provincia de Choapa. Las investigaciones realizadas por la Contraloría General de la República, por otra parte, dieron cuenta de que algunos de los funcionarios públicos que estaban encargados de fiscalizar el proyecto eran juez y parte en la aprobación del tranque de relaves puesto que trabajaban de forma paralela con Minera los Pelambres.
Demandas millonarias a campesinos
Los 27 demandados en Pupío por oponerse a la ampliación de la servidumbre de paso no son los únicos que se enfrentan judicialmente a la empresa.
Las cerca de 200 familias que habitan la localidad de Choapa Viejo, a menos de 15 kilómetros de Pupío, se abastecen hace más de una década del agua embotellada que les entrega la minera. Aunque existe un pozo desde donde la comunidad podría proveerse de agua, a pocos metros de él se encuentra la bomba booster con la que la empresa reimpulsa el concentrado de cobre para que pueda llegar hasta la costa y que en 2015 fue derramado en parte hacia los terrenos agrícolas y el río Choapa que históricamente abastecía a las familias del sector.
Ese derrame, cabe precisar, es adicional al ocurrido en 2022 y no fue sancionado por la SMA, aunque actualmente se encuentran dentro de los antecedentes presentados por la comunidad de Choapa viejo en la demanda que ésta interpuso por daño ambiental en contra de Minera los Pelambres.
Según precisa la demanda interpuesta por los habitantes de Choapa Viejo, el derrame de 2015 no era el primero. De hecho, un estudio realizado en 2013 por Aguas del Valle, la empresa que trata y distribuye el agua potable en la Región de Coquimbo, confirmó la presencia de arsénico en el agua en una concentración que superaba siete veces la norma. Si bien estudios posteriores dan cuenta que el agua volvió a ser potable, los habitantes desconfían y se abastecen hace más de una década del agua embotellada que entrega la empresa minera.
En julio de 2023, un grupo de vecinos de Choapa Viejo bloqueó el acceso a la bomba booster para exigirle a la empresa soluciones para poder acceder nuevamente al agua potable. Según los manifestantes, la minera no estaba cumpliendo con compromisos que había adquirido en instancias de diálogo, entre los que destaca la construcción de un nuevo pozo.
“Acá hay hijas e hijos que nacieron abriendo una botella de agua y todavía no son capaces de abrir una llave del grifo para beberla”, dice el presidente de la junta de vecinos de Choapa Viejo, Hugo Araya.
Como consecuencia de esa manifestación, cinco habitantes de Choapa Viejo, incluido Hugo Araya, fueron demandados por la empresa por indemnización de perjuicios por un monto total de $942.977.528 pesos chilenos, equivalentes a más de 1 millón de dólares.
En la demanda, la empresa argumenta que los habitantes de Choapa Viejo ocasionaron perjuicios patrimoniales a Minera Los Pelambres equivalentes a esa cantidad de dinero, “los que deben ser reparados por medio de una indemnización”.
Según Alejandro Mendoza, el abogado que representa a Hugo Araya, Juan Montenegro, y Katherine Bahamondes, todos habitantes de Choapa Viejo, el alto monto exigido por la empresa minera representa “una indemnización punitiva, es decir, un castigo, ya que no hay certeza de quienes participaron de los bloqueos. (…) Nunca había visto que una empresa, de la envergadura de Minera Los Pelambres, demandara por esa cantidad de dinero a personas que viven de pescar camarones y de la agricultura”.
Paola Tello, otra demandada de Choapa Viejo, considera que la demanda es un amedrentamiento al recordar cómo se enteraron de ésta: “En una única reunión que tuvimos con ellos nos dijeron que iban a empezar con una demanda civil, con la que nos iban a dejar sin bienes y sin propiedades si no teníamos para pagar”.
La abogada ambiental Manuela Royo, vocera nacional del Movimiento por la Defensa del Medioambiente, la Tierra y el Agua, Modatima, coincide con Tello: “Las acciones judiciales contra las comunidades son una forma de amedrentamiento”, y asegura que el caso de Choapa Viejo es una situación “compleja y peligrosa”.
Hasta el momento, el proceso judicial se encuentra en tramitación. La última actualización data del mes de agosto de 2023 cuando los demandados respondieron ante la acusación.
Extracción ilegal de agua y daños a glaciares
Además de los derrames de concentrado de cobre, de aguas industriales, de petróleo y los daños perpetrados en contra del patrimonio arqueológico del pueblo diaguita, informes científicos dan cuenta de que Minera Los Pelambres removió glaciares rocosos en la zona cordillerana de la provincia de Choapa. Así lo aseguran estudios realizados por la Universidad de Waterloo en 2008, donde se detalla que la empresa minera dañó glaciares rocosos entre el año 1997 y 2006.
“Minera Los Pelambres ha intervenido glaciares rocosos con un equivalente de agua de 1.89 a 2.84 millones de metros cúbicos entre los años 2000 y 2006. Las intervenciones incluyen la remoción de glaciares rocosos, depositación de roca estéril y construcción de caminos de exploración u operación de la mina”, dice el informe.
Además, se establece que la minera tenía conocimiento de la existencia de glaciares en zonas donde desarrolla su trabajo, sin embargo, nunca dio cuenta de esta información a las autoridades ambientales.
“Las intervenciones de glaciares rocosos por Minera Los Pelambres no fueron anunciadas en ninguno de los estudios ambientales presentados a la autoridad entre los años 1997-2004. Sin embargo, se conocía de su existencia, debido a que durante el año 1998 se encargó a la empresa consultora Geoestudios Ltda. la identificación y evaluación del conjunto de glaciares rocosos en el área. Sin embargo, por causas que desconocemos, se omitió esa información en los posteriores estudios, por lo tanto, a nuestro entender, no cuentan con la aprobación de parte de las autoridades ambientales y sectoriales involucradas en el proceso de evaluación”.
Las consecuencias de estos hechos son irreparables, asegura el glaciólogo y académico de la Universidad de Chile, Francisco José Ferrando. “Lo que tú haces es destruir una reserva que entrega gradualmente, cuando se necesita, agua al ecosistema y a la sociedad, y no hay vuelta atrás cuando tú destruyes un glaciar rocoso”.
A pesar de las graves consecuencias, hasta el día de hoy no existe ninguna multa o proceso sancionatorio contra la minera por esos hechos.
El último proceso sancionatorio en contra de la empresa fue realizado por la Dirección General de Aguas (DGA) en diciembre del 2023, donde se estableció que Minera Los Pelambres había extraído ilegalmente agua desde 17 pozos por un total de 990 423 metros cúbicos, al mismo tiempo que la región de Coquimbo era declarada zona de escasez hídrica.
Por estos hechos, la empresa minera fue multada con 8444 Unidades Tributarias Mensuales, lo que equivale a más de 543 millones de pesos (unos 553 mil USD).
Ese mismo diciembre de 2023, otra fiscalización realizada por la DGA dio cuenta de que la empresa minera había realizado extracción ilegal de aguas en los pozos de captación cercanos al tranque de relave El Mauro. Estos hechos le significaron una multa de 131 millones de pesos (133 mil USD).
La suma de las multas realizadas por la SMA y la DGA, entre 2013 y 2023, no alcanza a llegar al 0.03% de los $5862 millones de dólares declarados como ganancias obtenidas en 2022 por el conglomerado Antofagasta plc, que tiene entre sus empresas a Minera los Pelambres.
La brecha entre multas y utilidades es, de hecho, uno de los asuntos que más molestan a los conservacionistas que llevan años denunciando los impactos de la minera. Según datos de la Corporación para el fomento de la Producción (CORFO), que fueron entregados a Mongabay Latam tras una solicitud de información, la empresa recibió de esa entidad más de 11 mil millones de pesos (equivalentes a 11 millones de dólares al cambio actual) entre los años 2008 y 2019 para actividades de desarrollo de proveedores locales.
“Está bien que Corfo tenga proyectos, programas de financiamiento o de tecnología”, comenta Pamela Poo, politóloga experta en temas ambientales. Sin embargo, advierte que “si Corfo te va a financiar, debieras tener un estándar de cumplimiento altísimo”.
Al ser consultado sobre estos aportes provenientes de CORFO, Minera Los Pelambres no entregó ninguna respuesta. Corfo, a su vez, tampoco respondió cuáles los criterios tomados en cuenta a la hora de entregar financiamientos.
Convenios asimétricos con comunidades indígenas
Miembros de al menos tres comunidades indígenas chango de la provincia del Choapa, aseguran que durante la aprobación del nuevo proyecto de Minera Los Pelambres, Adaptación Operacional, la empresa les habría ofrecido convenios. En ellos, aseguran, la empresa se compromete a realizar transacciones monetarias de hasta 100 millones de pesos (100 mil USD), a cambio del apoyo de las comunidades a los proyectos actuales y futuros de la minera. Además, queda establecido que las comunidades no podrán acudir libremente a tribunales de justicia.
Este medio envió preguntas y contactó telefónicamente a Minera Los Pelambres en dos oportunidades para confirmar la información. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje, la empresa no respondió.
En marzo de 2023, no obstante, medios de comunicación locales dieron a conocer que la empresa había firmado convenios con siete comunidades de pescadores chango del sector costero de Los Vilos, “que permitirán un plan de trabajo conjunto para favorecer el conocimiento y confianza mutua, velar por la sostenibilidad ambiental, y establecer mecanismos de diálogo”. Tras los acuerdos, el Consejo Nacional del Pueblo Chango expulsó de la organización a las comunidades firmantes.
“Este Consejo y su vocería aclara que las organizaciones de la zona de los Vilos que firmaron con Pelambres no son parte de nuestro pueblo, y no representan nuestra cosmovisión ni nuestros intereses por su accionar contrario a nuestra cultura y forma de vida y costumbres”, detalló el Consejo en un comunicado.
Según miembros de las comunidades indígenas de la provincia consultadas por Mongabay Latam, la empresa ha ejercido una presión sobre ellos para que firmen el acuerdo.
Para Alejandra Donoso, abogada de Defensa Ambiental, una ONG dedicada a la protección y recuperación del medio ambiente, las condiciones establecidas en los convenios que las comunidades chango denuncian haber recibido por parte de la empresa son preocupantes. “El derecho a la defensa es un derecho fundamental, el derecho a la manifestación es un derecho fundamental. Cualquier limitación que vaya en esa línea es una limitación a los derechos fundamentales de las comunidades”, dice.
Además, explica Donoso, si bien “se llega a estos acuerdos bajo la lógica del derecho civil, que trae como supuesto una equivalencia entre las partes, uno de los grandes problemas que tiene este tipo de convenios es la asimetría, porque evidentemente hay una diferencia entre las partes en el poder de negociación, en el poder político y en el poder económico que puedan tener”. Lamentablemente, agrega, “no hay una revisión de dichos convenios porque esto está fuera del marco institucional, no pasa por la CONADI (La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), ni pasa por el Servicio de Evaluación Ambiental, son acuerdos privados”.
Según la abogada, este tipo de convenios se suelen dar en territorios donde existe un abandono del Estado y donde “las empresas generan una relación de dependencia o una relación de desequilibrio con las comunidades que se basa en el abuso de la precariedad económica”.
Desde una perspectiva internacional, este tipo de acuerdos son algo común, asegura Laura Furones, asesora de Global Witness, una organización no gubernamental que desde 2012 realiza la documentación de las violencias que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. Además, según Furones, este tipo de acuerdos son parte de una estrategia que tiene por objetivo “silenciar a la comunidad”. El mismo propósito, asegura, tienen las demandas.
“El daño moral y psicológico está latente entre todos los vecinos que estamos sufriendo temas judiciales por parte de una empresa multimillonaria”, dice Paola Tello, una de las habitantes demandadas de Choapa Viejo. Para defenderse, algunos han financiado un abogado particular y otros han solicitado el apoyo de la municipalidad para que los respalde con un abogado. En la mayoría de los casos, ni con la venta de todos sus bienes lograrán pagar a la empresa en caso de perder la demanda.
