Estas permitirán cumplir con cinco metas claves comprometidas por el país para finales de la década, como la contribución nacional a la protección del 30% de los ecosistemas a nivel mundial. Fuente: El Mercurio – Innovación, 7 de septiembre de 2023.
Hay 30 medidas urgentes para la conservación efectiva de la biodiversidad chilena. Así lo afirma el informe de la Comisión Conservación, Institucionalidad y Filantropía, conformada por 23 académicos, empresarios y miembros de organizaciones no gubernamentales. Ellos fueron convocados por el Centro de Estudios Públicos (CEP), que lideró la iniciativa durante sus tres años de duración.
Las medidas permiten cumplir cinco metas claves comprometidas por Chile para 2030. Según dice Sylvia Eyzaguirre, investigadora sénior del CEP y coordinadora de la Comisión, seleccionaron ‘las metas que consideramos son más relevantes para la conservación de la biodiversidad. Las cinco son complementarias entre sí y se necesitan unas a otras para lograr alcanzarlas’.
Estas son: proteger el 30% de la tierra y los océanos de manera representativa por ecosistema; mejorar el estado de conservación de especies en peligro de extinción; contar con planes de manejo y un cronograma de implementación de mediano plazo en el 100% de las áreas protegidas públicas; restaurar dos millones de hectáreas de paisajes en territorios aledaños a las áreas protegidas y reducir al menos en 30% la brecha de financiamiento para la gestión de la biodiversidad.
‘Las metas son ambiciosas y estamos muy atrasados, de manera que necesitamos apretar el acelerador’, indica Eyzaguirre. Para alcanzarlas, las 30 propuestas de la Comisión se agrupan en ocho objetivos estratégicos.
Uno de los objetivos es implementar un sistema integrado de áreas protegidas públicas y privadas a nivel nacional. Bárbara Saavedra, directora del Wildlife Conservation Society Chile e integrante de la Comisión, explica: ‘(Es esencial) establecer un sistema nacional integrado de áreas protegidas, que sean públicas y privadas, de manera tal que podamos darle una coherencia ecológica a los esfuerzos que se hacen hoy día en distintos espacios’.
Para ella, las medidas más importantes para este objetivo son ‘actualizar la Estrategia Nacional de Biodiversidad, lo que el Estado ya está haciendo y que va a dar los lineamientos para seguir avanzando, y la implementación adecuada del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya ley que lo crea se promulga este mes’.
De hecho, Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente —quien compartió un panel durante la reciente presentación del documento con los exministros del Medio Ambiente, Carolina Schmidt y Marcelo Mena—, dice: ‘Tener en régimen el SBAP nos habilita para contribuir a las metas planteadas por este informe, muchas de las cuales ya son compromisos de Estado o corresponden a mecanismos incorporados en esta ley, como la contribución nacional a la protección del 30% de los ecosistemas a nivel mundial para 2030’.
En esa vía, otro de los objetivos es aumentar significativamente el financiamiento destinado a la conservación e implementar mecanismos de financiamiento efectivos y sostenibles. ‘Nosotros tenemos una brecha demasiado grande en lo que es inversión en conservación’, señala Saavedra.
Para lograrlo, además de aumentar de forma importante el financiamiento fiscal, una ‘medida fundamental en el corto plazo es dotar al Fondo Naturaleza Chile de recursos’, acota Eyzaguirre. ‘Es nuestro principal instrumento para incentivar la conservación en el sector privado y generar alianzas público-privadas en esta materia, pero lamentablemente no tiene todavía los recursos económicos para llevar a cabo su función’, añade.
Se busca ‘lograr un fondo de al menos 100 millones de dólares’, precisa Saavedra, también presidenta del Fondo Naturaleza Chile.
Otro objetivo es diseñar e implementar un sistema de información de biodiversidad integrado. Eyzaguirre considera que es ‘vital tener este sistema, para que oriente la toma de decisiones en el sector público y privado’. Para ello, se proponen medidas como completar el inventario nacional de humedales.
Colaboración
Los ocho objetivos y sus 30 medidas correspondientes son ‘una red en la cual cada uno de los actores de nuestra sociedad tiene que participar: hay aquellas que están mandatadas hacia el Estado, el mundo productivo, académico y las comunidades’, dice Saavedra.
Y opina que ‘probablemente hay algunas medidas en las que avanzaremos menos que otras, pero muchas de ellas sí las vamos a lograr para 2030. Vamos a tener el SBAP instalado, tendremos una nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad, empezaremos la transformación de reducir subsidios perjudiciales para la biodiversidad y redirigiremos esas inversiones a conservación’.
Por su parte, Adison Altamirano, investigador y decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente de la U. de La Frontera, quien no tiene vínculo con este informe, resalta que ‘hay un enorme esfuerzo y trabajo detrás por relevar las principales problemáticas actuales y futuras, hecho por destacados profesionales, por lo tanto sería muy importante que este insumo realmente pueda ser considerado’.
En tanto, Rojas agrega que ‘este informe destaca que la protección de nuestro patrimonio natural es un compromiso país, por lo que debe ser visto como un aporte a una política de Estado que involucre a toda la sociedad’.
Eyzaguirre concluye: ‘Si no realizamos las acciones propuestas no cumpliremos las metas y ello probablemente implique que estaremos en una peor situación para conservar nuestra biodiversidad con efectos negativos para la economía y el bienestar social. Si no invertimos hoy en el cuidado de nuestra biodiversidad, será mucho más caro hacerlo más tarde’.
Las 30 medidas propuestas están en el informe, disponible en https://bit.ly/3sCyv6G.
