Mauricio Moreno Sagredo es cuestionado por integrar el nuevo ente regional como representante de una ONG ambiental, pese a que su actividad principal es el rubro inmobiliario. La inmobiliaria Oasis de La Campana, de su propiedad, tiene una denuncia en curso ante la Superintendencia del Medio Ambiente por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en un loteo rural que suma más de 2.100 parcelas. Fuente: Diario de Santiago, 22 de octubre de 2022.
El lunes 17 de octubre el Consejo Consultivo Ambiental Metropolitano 2022-2024 tuvo su primera sesión, luego de constituirse el pasado 29 de agosto. Entre la seremi de Medio Ambiente de la RM, Sonia Reyes Packe y los nueve integrantes del consejo —cuya designación data de enero pasado—se encontraba Mauricio Moreno Sagredo como representante de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro “que tienen por objeto la protección o estudio del medioambiente”.
Si bien Moreno participa en el consejo como parte de la Fundación Palma Chilena y Bosque Nativo, en una carta enviada ayer a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y a la seremi Reyes, representantes de los vecinos de la parcelación Oasis de La Campana (Hijuelas, V Región), manifestaron su sorpresa por la nominación, considerando que la actividad principal de este consejero es el rubro inmobiliario.
Moreno Sagredo junto a su hermano Francisco son propietarios de la Inmobiliaria Oasis de La Campana “y de otras sociedades similares cuyo negocio es el loteo de predios rurales a lo largo del país, haciendo uso del discutible DL 3.516”, consigna la carta firmada por la directiva de la Junta de Vecinos Oasis de La Campana.
La organización territorial solicitó a las autoridades ambientales evaluar este nombramiento, “dado el evidente conflicto de interés que tiene el señor Mauricio Moreno Sagredo para desempeñar el importante rol que tienen los consejeros ambientales”.
Argumentan, por ejemplo, que actualmente se encuentra en curso una investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente luego de que en abril pasado la Junta de Vecinos de la parcelación presentaran una denuncia por Elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en contra de la Inmobiliaria Oasis de La Campana.
“El mismo Mauricio Moreno, en septiembre de 2021, como presidente del Consejo de Administración de Oasis de La Campana, informó a los propietarios que el proyecto se expandirá a 2.142 parcelas, en circunstancias que en su origen contemplaba solo 343 parcelas”, consigna la carta.
Acusan que esta expansión desregulada del loteo, que colinda con el Parque Nacional La Campana,
ha implicado que en los últimos años “áreas que originalmente estaban consideradas como reserva o parque de conservación se hayan parcelado y convertido en una extensa red de caminos que atraviesan quebradas, suben por laderas de cerros y han implicado la destrucción de innumerables árboles nativos que forman parte del bosque de protección de la palma chilena, catalogada desde 2020 como especie en peligro”.
La participación de los empresarios Moreno Sagredo en consejos consultivos no es nueva. Presentándose como representantes de ONG, ambos fueron también integrantes del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF 2018-2019.
Coincidentemente, en 2019 CONAF Quillota autorizó la expansión del loteo Oasis de La Campana, pese a que en 2016 una resolución judicial había dejado a firme la decisión de CONAF Valparaíso de rechazar totalmente una solicitud de la Inmobiliaria Oasis de La Campana para parcelar nuevos sectores, debido a que esto implicaba “intervenir el hábitat de un Bosque Nativo de Preservación, del Tipo forestal Palma Chilena”.
Los Consejos Consultivos del Medio Ambiente son mecanismos de participación ciudadana a los que se convoca a representantes de la sociedad civil para participar en las políticas, planes, programas y acciones gubernamentales.
Es por ello que en la misiva a la ministra y la seremi, la Junta de Vecinos asevera que Mauricio Moreno Sagredo “no cuenta con la independencia y compromiso ambiental que lo califiquen para ejercer funciones como emitir opinión sobre los anteproyectos de ley y de decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, entre otras que deben cumplir los consejeros”.
