Gremio sostiene que el instructivo del Minagri carece de fundamentos y que el cambio en el uso de suelo no ocurre durante la autorización del SAG a las subdivisiones de predios. Fuente: Diario Financiero, 17 de agosto de 2022.
Hace casi un mes, el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para suspender la tramitación de todas las solicitudes de subdivisión de predios rústicos en que se sospeche que el suelo no será destinado a uso agrícola.
En respuesta, algunos actores de la industria se lanzaron en contra de las autoridades acusando ilegalidad en esta medida. En esa línea, a principios de agosto un grupo de empresas constituyó la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA), organización que ahora presentó un recurso de protección contra las autoridades ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En el documento, Parcelas de Chile junto a las inmobiliarias Mon Mapu, Ranquilco Sur y Terramar, argumentan que el oficio del Minagri carece de motivación, que la ilegalidad de la medida ha sido reconocida por las propias autoridades y que el cambio de destino del uso de suelo no se produce durante el trámite de solicitud de subdivisión.
El recurso fue presentado en contra del ministro Esteban Valenzuela, el subsecretario de la cartera, José Guajardo, y los directores nacionales del SAG, Andrea Collao y Rodrigo Astete.
Esta circular señala que “consideramos arbitraria e ilegal y está siendo impugnada desde distintas instituciones, por un lado ante la Corte de Apelaciones y la Contraloría General de la República y, por otro lado, mediante el Congreso”, donde “existen proyectos de ley en tramitación que buscan regular la actividad, no prohibir”, afirma Óscar Gajardo, de Cuadra Gajardo Asociados, estudio legal que realizó el recurso de protección.
De hecho, esta mañana la Comisión de Vivienda aprobó en general la idea de legislar los proyectos de ley presentados por los parlamentarios.
Argumentos del recurso
En el documento presentado, las inmobiliarias sostienen que las autoridades están actuando “al margen de la normativa legal que regula hace más de 40 años el derecho de todo propietario de un predio, a subdividirlo, lo que no implica, en la práctica, una alteración material en la aptitud del suelo, sino solo una abstracción jurídica”.
Con esto, argumentan que el oficio ordinario del Minagri carece de fundamentos y acusan a la cartera de enunciar una serie de hechos como “la existencia de amenazas a los ecosistemas agropecuarios, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades en que las obras se emplazan”, que “no se sustentan en ningún antecedente concreto. Se trata de simples conjeturas de la autoridad”.
Además, el gremio afirma que las propias autoridades han reconocido la falta de legalidad del instructivo, señalando que desde el Minagri siguen a la espera de una respuesta de Contraloría, por lo que no habría certeza del cumplimiento del marco normativo y regulatorio de la medida.
Asimismo, señalan que se establecen premisas erradas, puesto que el cambio en el uso de suelo, dicen, no se produce en el trámite de subdivisión.
“Constituye un evidente error por parte de los recurridos, ya que si bien es cierto los predios resultantes de un proceso de subdivisión quedan sujetos a la prohibición de cambio de destino, esta prohibición no se altera con la obtención de parte del SAG de la certificación de subdivisión de predios rústicos”, se lee el documento.
A lo largo del texto, las inmobiliarias también apuntan a la vulneración de garantías constitucionales -como desarrollar una actividad económica lícita, el derecho de propiedad y la prohibición a la discriminación arbitraria- y a la “vulneración del orden público económico”.
Senado busca dejar sin efecto el cese de las subdivisiones
Mientras que en la Comisión de Vivienda del Senado avanza la tramitación del proyecto sobre regulación de la división de predios rústicos -que ayer fueron aprobados en general por la instancia- la Cámara Alta envió un oficio a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno, partiendo de la base de que la citada circular no cumple con los requisitos necesarios para lo que fue dictada. Ello con el objetivo de que la medida sea revertida.
