La Corte Suprema acogió dos recursos de protección por parte de comunidades indígenas que dejaron sin efecto la licitación del litio realizada durante el mandato de Piñera. En su Cuenta Pública, Boric anunció con bombos y platillos la Empresa Nacional del Litio, sin embargo, desde el propio Ministerio de Minería no se cierran a nuevas licitaciones ni alianzas público-privadas. Fuente: El Desconcierto, 2 de junio de 2022.
«Chilenas y chilenos, uno de los pilares de nuestro programa de gobierno es la creación de una Empresa Nacional del Litio. Reafirmamos este compromiso. Para ello, desarrollaremos, de manera intersectorial y con participación de las comunidades, una propuesta que garantice a las futuras generaciones energía limpia y sustentable para Chile y nuestro planeta», dijo el Presidente Gabriel Boric este miércoles en su primera Cuenta Pública.
Más tarde, ese mismo día, un fallo de la Corte Suprema le abrió una oportunidad al mandatario para reabrir justamente el debate público sobre el rol que debiera tener el Estado en la explotación del mineral, para así poder garantizar efectivamente ese futuro sustentable que evoca.
Se trata de dos sentencias con las que el máximo órgano de justicia acogió recursos de protección presentados por comunidades indígenas atacameñas, dejando prácticamente sin efecto la licitación del litio llevada a cabo y finalizada durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazara los mismos recursos.
En el primer recurso, las comunidades indígenas de Camar reclamaron que la licitación no cumplió con el requisito de fijar un área determinada para el proyecto, lo que llevó a que no se pudiera realizar tampoco una consulta indígena previa, como señala la normativa vigente. Mientras que la comunidad Colla alegó que el proceso vulneró su garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Mientras que para el tribunal de alzada no correspondía hacer consulta indígena porque no estaba delimitado el espacio, la Suprema dirimió todo lo contrario, asegurando que el razonamiento es que el proyecto cuente con un espacio delimitado para establecer si debe realizarse consulta indígena en las comunidades aledañas que afectaría. Así, se terminó revocando la adjudicación de estas cuotas de litio metálico comercializable, otorgadas en enero del año pasado —dos meses antes del término de la licitación— por más de US$121 millones a la multinacional china ByD y a la compañía Servicios y Operaciones Mineras del Norte.
«No nos cerramos a las licitaciones»
No fue sino hasta pasado el mediodía de este jueves cuando el gobierno, específicamente la ministra de Minería, Marcela Hernando, se pronunció tibiamente respecto a este fallo decidor del Poder Judicial.
«Este Ministerio lo que hace, de aquí en adelante, es acatar el fallo y ejecutar aquellas tareas administrativas que en derecho corresponden y que tienen que ver con cómo se devuelven las garantías a las empresas que postularon, cómo se anula el decreto que llamó a la licitación y completar las respuestas a algunos recursos de reposición que estaban presentados», dijo la secretaria de Estado en una conferencia de prensa.
Asimismo, esbozó la posibilidad de que el Ejecutivo continúe en la misma senda que llevaba el gobierno anterior. «No nos cerramos a ninguna posibilidad de alianzas público-privadas porque además entendemos que nuestro país no posee las competencias en materia de tecnología. Por lo tanto, uno de los caminos es buscar esos socios», sostuvo.
«No nos cerramos a las licitaciones ni a ningún camino. Todos los caminos los vamos a explorar y a evaluar», concluyó.
Fue Gonzalo Gutiérrez, encargado unidad de litio y salares del Ministerio de Minería, quien dejó entrever que en el Ejecutivo sí estaban confiados en este fallo, ya que, según sus palabras, esto está en línea con la Empresa Nacional del Litio que el Presidente anunció en su Cuenta Pública antes de que se supiera el veredicto, el que podría haber hecho más difícil la implementación de esta política de ser negativo.
«Es coherente con la iniciativa de la Empresa Nacional del Litio. Eso se había expresado antes y se estaba a la espera de esta situación que estaba judicializada. Permite poder continuar con la política que ha planteado el Presidente Boric al respecto», estableció.
No obstante, luego fue claro en acotar que, sobre este proyecto, «estamos en un proceso absolutamente primario y de borrador».
La oportunidad del gobierno
El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, también presentó un recurso de protección contra la licitación del litio, que sí fue acogido en enero de 2022 por la Corte de Apelaciones de Copiapó —a diferencia de lo que pasó en Antofagasta— decretando la orden de no innovar que puso pausa al proceso.
Luego de este fallo de la Suprema, que encuentra «bastante sorprendente», comenta a El Desconcierto que en el gobierno regional esperarán el prometido final de la licitación por parte del gobierno, pues de ser así, ya no necesitarían continuar su procedimiento judicial.
Apela a que con este dictamen «se abre una gran oportunidad para discutir y tomar decisiones respecto de un recurso estratégico para las regiones del norte y, por cierto, para Chile».
«Yo espero que primero, discutamos en serio qué queremos hacer en el país con el litio (…) yo no soy partidario de iniciar una nueva licitación ahora. Creo que tenemos que generar un gran acuerdo, porque hay muchas miradas sobre lo que se debe hacer con el litio. A mí me gustaría que el Estado jugara un rol, que existiera una Empresa Nacional del Litio», cierra, cuadrándose con la ambición del Presidente.
En tanto, el senador por Antofagasta Esteban Velásquez (FRVS), quien además es miembro de la Comisión de Minería y Energía del Senado, sostiene que le parece «muy bien que la Corte Suprema haya dejado sin efecto esta licitación, porque impide que se extraigan 400 mil toneladas de litio metálico».
«La Corte Suprema se basa en interesantes antecedentes, como que no habían especificado el lugar geográfico. Pero yo creo que esa licitación tenía en cierta medida su trampa, que si pasaba, podían continuar explotando, por ejemplo, el salar de Atacama. Un salar que está muy afectado, al nivel que las empresas que están operando ahí, Albemarle y SQM, han tenido una serie de cuestionamientos e investigaciones por la Superintendencia de Medio Ambiente», apunta.
A su vez, establece que este precedente legal «deja otros estándares para que las normativas medioambientales y la Superintendencia sean más exigentes con quienes hoy ya están operando y explotando el salar de Atacama».
Sobre el anuncio de la Empresa Nacional del Litio, asegura que es importante y que «va en la línea de lo que estamos hace rato planteando. Me parece que nos va a permitir darnos el tiempo para preguntarnos qué sentido debe tener la minería hoy para los chilenos».
Por último, concluye que «es momento como para que el gobierno frene las licitaciones y entre a operar, para que defina políticas de fondo. Políticas a medias, como estas concesiones, no».
